El CNA insiste en ‘anomalías’ en acto de puerto de Corozal
La Comisión Puerto Corozal del Colegio Nacional de Abogados ha hecho pública su denuncia, a través de un comunicado, de lo que considera la violación de leyes constitucionales y del debido proceso para la homologación del proyecto de un puerto en Corozal.
Se refieren, específicamente, al adelanto por dos días de la homologación de las empresas precalificadas para la construcción del puerto, que se realizó el 22 de noviembre, cuando debía haberse realizado el 24 de noviembre.
‘SE HA IGNORADO LAS SOLICITUDES QUE HAN HECHO DISTINTOS SECTORES PROFESIONALES, GREMIALES Y CÍVICOS',
COMISIÓN PUERTO COROZAL
CNA
‘La ACP recurrió a mecanismos jurídicos, violación del debido proceso con absoluta irresponsabilidad y ausencia de transparencia', advierte el CNA.
La nota, firmada por Santander Tristán Donoso, señala que la Junta Directiva del Canal y el administrador Jorge Quijano han ignorado las solicitudes que han hecho distintos sectores profesionales, gremiales y cívicos para el denominado Puerto verde ‘sea llevado a debate nacional, previa información de sus efectos positivos y negativos'.
Y añade que no han tomado en cuenta ‘el significado histórico y patriota' que tienen los temas relacionados con el Canal de Panamá.
La comunicación pública cierra con un llamado de alerta a los tres órganos del Estado sobre los efectos negativos que podría tener la operación de un megaproyecto como el puerto de Corozal al margen de las comunidades y la sociedad en conjunto.
Para el Colegio Nacional de Abogados, la discusión del proyecto puerto Corozal debe ser incluida en la agenda de Estado y someterla a consulta pública.
El pasado martes 22 de noviembre se llevó a cabo el proceso de homologación para la construcción del puerto de Corozal, pero del Departamento de Relaciones Públicas de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) señalaron que no trascendería información alguna. ‘No vamos a hacer ningún comunicado', dijeron.
Entre los cuestionamientos al proyecto están las exoneraciones que recibirán las empresas interesadas. El acta sobre el concurso contempla que se maneja la posibilidad de que la empresa ganadora pague a través del 100% de utilidad de dividendos y que no pague impuesto de inmueble, porque la ACP no reconocerá el título de dominio sobre las mejoras del puerto.
Según un documento de la ACP para la primera fase del puerto, que contempla un periodo de veinte años, se ha concluido que el esquema fiscal más conveniente para las cuatro empresas precalificadas, en el caso de que se instalen como subsidiarias, es que se aplique la ley especial de exoneración, por sus países de origen.