Nuevo escándalo en la Corte Suprema de Justicia; Ayú Prado guarda silencio
Una denuncia sobre una supuesta relación conyugal entre Annabella Jiménez, asistente del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, con su exesposo Ernesto De La Torre, actual juez Undécimo de Circuito Penal, llegó hasta la Fiscalía Anticorrupción.
El Código Judicial, en su artículo 53, es claro al señalar que “No puede haber en la Corte Suprema de Justicia, ni en los Tribunales Superiores, dos o más magistrados, funcionarios o suplentes que sean uno respecto de otros, cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad…”.
También menciona que “Tampoco pueden ser nombrados en Juzgados de Circuito y Juzgados Municipales de un mismo Distrito Judicial, como titulares de despacho, funcionarios subalternos o suplentes, el cónyuge o personas que entre sí o respecto de los Magistrados del Tribunal Superior o Fiscales Superiores correspondientes tengan el expresado parentesco”.
De La Torre y Jiménez se casaron en febrero de 2001 y el matrimonio se disolvió en agosto de 2007. Sin embargo, como se demuestra en las imágenes, De La Torre y Jiménez salían juntos de su residencia ubicada en la barriada San Antonio.
Según una fuente, ambos llegaron a sus trabajos en la Corte Suprema pasadas las 8:00 a.m., a pesar de que el reglamento interno señala el horario de las 8:00 a.m. a 5:00 p.m., sin excepción de los cargos.
La fuente reveló que Jiménez estaciona el carro familiar al lado del vehículo de Ayú Prado.
En 2010, cuando Ayú Prado era fiscal contra la Delincuencia Organizada, intentó declararse impedido en la investigación que se le seguía al expresidente Ernesto Pérez Balladares por el supuesto delito de blanqueo de capitales; sin embargo, Jiménez, en ese entonces jueza novena penal suplente, declaró que no era legal el impedimento solicitado, por lo que tendría que seguir las investigaciones.
Pero esta diferencia no fue óbice para que posteriormente, cuando Ayú Prado fuera nombrado procurador general de la Nación, en la pasada administración, Jiménez ocupara diversos cargos dentro del Ministerio Público, y luego fuera designada asistente del ahora magistrado presidente.
En tanto, De La Torre era secretario judicial. En la denuncia anónima enviada al Ministerio Público esta semana, se indica que después de que asignaron a Ayú Prado como magistrado en diciembre de 2012, “se llevó consigo a la señora Jiménez para que ocupara el puesto de asistente de magistrado, devengando el salario de B/.2,550.00”.
En una revisión a la planilla del Órgano Judicial, se observa que Jiménez devenga un salario de 3 mil dólares desde febrero de 2013. En ese mismo año, pero tres meses después, se nombró a De La Torre con un salario de 4 mil 30 dólares (entre salario y gasto), con el cargo de juez. Ambos mantienen posiciones eventuales.
De La Torre es uno de los beneficiados con los nombramientos recientes de Ayú Prado para la implementación del sistema penal acusatorio. Lo nombraron juez de juicio oral.
SIN RESPUESTAS
¿Annabella Jiménez reportó que mantiene una relación conyugal con su exesposo, el juez undécimo de circuito penal, Eduardo De La Torre? De ser así, ¿desde cuándo usted tiene conocimiento de esta situación?, ¿qué acciones aplicará usted en vista de que esta relación riñe con el Código Judicial?, ¿cómo se procederá para que en un futuro este tipo de situaciones no se vuelvan a registrar?, ¿existen casos similares dentro del Órgano Judicial? Estas son las preguntas que no respondió el magistrado Ayú Prado.
Este medio intentó igualmente que la directora general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Angélica Maytín, respondiera sobre qué hallazgos logró en la investigación que solicitó Ayú Prado en febrero de 2015 a esa entidad, para verificar las relaciones entre funcionarios del Órgano Judicial, y si estos fueron entregados al magistrado, pero los esfuerzos fueron infructuosos..