Abogados de hotel Casco Viejo defienden proyecto
Los representantes legales del hotel Casco Viejo, en el corregimiento de San Felipe, salieron en defensa del proyecto turístico, luego de las críticas emitidas por varias organizaciones defensoras del patrimonio histórico.
José Agustín Preciado, uno de los abogados de la obra, subrayó que el promotor del hotel, desde un inicio, ha respetado los lineamientos de la Dirección de Patrimonio Histórico.
Según Preciado, el diseño se hizo en colaboración con las autoridades del Instituto Nacional de Cultura y ha cumplido con las observaciones de las entidades. “No hay ningún peligro al patrimonio en el Casco Antiguo y los promotores están claros en que todo debe ser avalado por la Dirección de Patrimonio Histórico”, puntualizó sobre la construcción que debe estar lista en 2018.
Uno de los aspectos más cuestionados por los opositores al hotel Casco Viejo es que una parte de la edificación se levanta sobre el mar.
No obstante, el abogado explicó que la finca data de 1917, por lo que tiene más de 100 años de haberse constituido. “Es una finca que nació con parte de ella sobre el mar, y a principios de siglo eso no estaba prohibido”, acotó.
Preciado usó como ejemplo lo que ocurre en el Parque Recreativo Omar, donde varias fincas se han tomado parte de ese espacio verde. “Allí sí se han tomado un bien público”, argumentó.
En caso de que el Estado quisiera tomar posesión de la finca donde se construye el inmueble, consideró que la única vía sería expropiarla y, para eso, habría que indemnizar al propietario.
Concluyó que en los últimos 100 años el nivel del mar ha ido en aumento debido al cambio climático, por lo que se tiene la impresión de que la obra se toma el espacio marino del Casco Antiguo.
Para Harley Mitchell, hijo, exdirector de Legal de la desaparecida Autoridad Nacional del Ambiente, las playas y riberas de mar son de dominio público y no pueden ser objeto de apropiación privada, pues lo establece la Constitución.
“Pienso que están equivocados. No hay argumento jurídico que sustente que se puede usurpar un patrimonio que pertenece al Estado, como lo es el mar y sus playas”, sostuvo.
Mitchell ha representado a los residentes de Punta Paitilla, corregimiento de San Francisco, en varios procesos legales contra edificios que se levantan en esa zona sobre la línea de mar, es decir, la interfase entre la marea alta y la marea baja.
“Se está invadiendo el patrimonio del espacio marino con títulos de propiedad que violan la Constitución. Las autoridades han sido muy permisivas en este tema durante décadas”, aportó.
Mientras, Tomás Engler, dirigente de la Red Ciudadana Urbana, fue enfático al decir que las riberas de mar y playas no pueden ser adjudicadas a particulares.
“El bien común prima sobre los intereses particulares. Es el momento para que las entidades tomen decisiones en este tema”, apuntó.