Movin presenta modificaciones al proyecto de reformas de la ley de contrataciones públicas

El Movimiento Independiente (Movin) presentó en la Asamblea Nacional sus propuestas al proyecto de ley 305 que reforma la Ley No. 22 de 2006, que regula las contrataciones públicas.

"Las normas de contratación pública han sido, particularmente durante el pasado periodo presidencial, manipuladas malsanamente para cometer abusos dejando como resultado un enorme desperdicio de valiosos recursos de todos los panameños y una profunda desconfianza en toda la gestión de los órganos democráticos de nuestro país", explica este grupo de la sociedad civil en el documento entregado al diputado Miguel Salas, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

Dentro de las sugerencias propuestas por Movin figura que el Estado se vea impedido de contratar a empresas condenadas por blanqueo de capitales, terrorismo y financiamiento del terrorismo en el extranjero, dentro y fuera de Panamá. El proyecto de ley 305 actual solo contempla este impedimento cuando la condena es en tribunales panameños.

También sugieren que se otorgue cinco días a los proponentes de las licitaciones para que tengan acceso a los expedientes y hacer sus observaciones, en lugar de los tres días propuestos en el proyecto 305.

Movin solicita a los diputados eliminar la selección de contratistas mediante licitación por mejor valor con evaluación separada.

"Recomendamos que se modifique esta artículo para que se establezca que solo podrá ser utilizada cuando exista autorización previa del Consejo de Gabinete para el caso de construcción de obras con cuantías superiores a doscientos $250 millones y no de $50 millones como establece el proyecto de ley", precisa el documento.

La discusión en primer debate de las reformas a la ley de contrataciones públicas -que presentó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)- fue pospuesta para la próxima semana, para que una subcomisión integrada por tres diputados redacte un texto único consensuado de los dos proyectos que están en la comisión legislativa de Economía y Finanzas: el que presentó el MEF y otro que preparó la diputada independiente Ana Matilde Gómez.

EL PROYECTO

Como parte de las normas redactadas , la Dirección de Asistencia Social -antiguo Programa de Ayuda Nacional (PAN)– estará sujeta a todas las normas que establece la ley de contrataciones públicas. 

Entre los cambios propuestos se eliminan los procesos de licitación abreviada y se mejoran algunos aspectos en la contratación por mejor valor, como divulgar el precio de referencia. En este punto se propone que las licitaciones por mejor valor con evaluación separada únicamente se utilicen para contrataciones superiores a $50 millones, en lugar de $20 millones como es ahora.

Se amplía la cobertura de la ley para que abarque la compra de medicamentos. También se establece que las adendas para un proyecto no sean superiores de 40% del valor del contrato y que los adelantos o anticipos no pueden ser mayores a 20% del valor del contrato.

Las contrataciones que superen los $50 mil en compras del Estado deben ir a un proceso de licitación pública o por mejor valor.

Las empresas que quieran participar en licitaciones que superen los $300 mil deben presentar una documentación en la cual digan quiénes son sus dueños o accionistas. Se prevé que esta información sea de acceso público, a través de una reglamentación de la legislación después de que sea aprobada.

Igualmente se incluye dentro de la incapacidad legal para contratar con el Estado, a quienes hayan sido declarados judicialmente responsables por la comisión de delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales, terrorismo, financiamiento del terrorismo y otros delitos relacionados.

A continuación la carta completa de Movin. 

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