Dos exministros a juicio por sistema Riego de Tonosí
Dos ministros de la cartera agropecuaria y la contralora General de la República durante la gestión de Ricardo Martinelli (2009-2014) serán llamados a juicio por delito de peculado y corrupción de funcionarios en el caso del Sistema de riego del valle de Tonosí, en Los Santos, que investiga la Fiscalía Tercera Anticorrupción, a cargo de Zuleyka Moore.
Uno de estos funcionario es Oscar Osorio Casal, ministro entre enero de 2013 y junio de 2014. Es el único exfuncionario de alto rango que enfrenta ambos cargos: peculado y corrupción de funcionarios públicos. Osorio se encuentra en prisión preventiva desde junio del año pasado.
La investigación sostiene que Osorio firmó un contrato con la empresa Hidalgo & Hidalgo por $155 millones para construir el sistema de riego sin contar con los permisos de acceso a los terrenos donde se ejecutaría la obra.
Tres días después de ser designado ministro –el 16 de enero de 2012–, Osorio firmó el contrato entre el Ministerio de Desarrollo Agropecuario e Hidalgo & Hidalgo.
Moore explicó que antes de suscribir este contrato, Osorio debió lograr un consenso con los propietarios de las fincas donde se construiría la obra. A juicio de la fiscal, no hacerlo provocó que los bienes, valores y dineros estatales se vieran lesionados.
Según la fiscal, Osorio suscribió el contrato sin contar con los recursos para pagar la totalidad del mismo ($153 millones), contrario a la Ley 22, de Contrataciones Públicas, que establece que se debe contar con una partida presupuestaria.
Moore también señaló que aunque el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) podía revertir el acto público, no lo hizo.
La situación del exministro Osorio es complicada, puesto que la investigación evidencia que la licitación y adjudicación fue acordada para la empresa H & H.
La constructora tampoco contaba con los recursos financieros para ejecutar la obra cuando se le entregó el primer anticipo de $31 millones. En 2011, H & H no declaró ingresos ante el fisco, e indicó que contaba con un saldo en caja y banco por $1.4 millones.
Hay otro hecho que vincula a Osorio con el delicado caso. Las pesquisas de la fiscalía encontraron cheques girados por Felipe Virzi y H & H a favor de Osorio.
Del anticipo concedido al contratista se giró un cheque a Felipe Virzi por $5.2 millones para ‘amarrar' la contratación de la empresa con el entonces presidente Ricardo Martinelli.
Osorio, por su parte, recibió $20 mil en cuatro cheques de $5 mil cada uno. La fiscal identifica dos cheques de gerencia emitidos por Ricardo Calvo Latorraca confeccionados el 16 de noviembre de 2012. Los otros dos cheques se hicieron el 10 de febrero de 2014, según registros bancarios plasmados en la vista fiscal.
EL AUTO
El exministro, además, recibió $30 mil de Felipe Virzi, en julio de 2013, mediante el cheque 1213371. ‘Es obvio que su condición de ministro no le permitía ningún tipo de negociación', explica la vista fiscal. Osorio dijo que el dinero era préstamo personal para comprar un automóvil.
La Contraloría General de la República, además, hace responsable a Oscar Osorio por incluir $16,265.74 como gastos de manejo no contemplados en el contrato con la constructora ecuatoriana.
La Fiscalía Tercera Anticorrupción también vincula en los actos de corrupción del sistema de riego al antecesor de Osorio. Emilio Kieswetter Rubio acusado de peculado por no haber informado de la imposibilidad de ejecutar la obra por la inexistencia de los terrenos para su desarrollo.
Moore explica que al exministro Kieswetter le correspondía efectuar el proceso previo para la obtención de los permisos de las fincas donde se construiría el proyecto agrícola, no obstante, omitió este paso.
Kieswetter Rubio, que tiene una medida de país por cárcel, también falló en no haber separado las fases de diseño y construcción del proyecto y haber efectuado la licitación para una sola empresa.
Según la fiscalía, la Ley 22 de 27 de junio de 2005, que regula la contratación pública, establece que ‘cualquier persona contratada como consultor para elaborar estudios, proyectos de factibilidad, diagnósticos, planos, diseños y demás objetos que tengan relación con un proyecto no podrá participar, por sí o por interpuestas personas, en el futuro acto de selección de contratista por conflicto de intereses'.
A juicio de Moore, la norma citada deja en evidencia que no debió haber sido una sola empresa (H & H) la que realizara el estudio, diseño y construcción del proyecto.
RESPONSABILIDAD
En conclusión, ‘como ministro debió asegurar las mejores condiciones para el Estado. Sin embargo, llevó adelante la licitación poniendo al Estado en una condición precaria, constituyendo el mayor obstáculo para que se realizara el proyecto y creó el escenario para que se incurriera en el despilfarro del Estado', señala la vista fiscal.
FALTA DE FISCALIZACIÓN
Kieswetter fue titular del MIDA del 20 de julio de 2010 a diciembre de 2011. Presentó su renuncia antes de que se adjudicara el cuestionado contrato del sistema de riego del valle de Tonosí alegando razones personales, pero fue quien inició las relaciones con la empresa ecuatoriana.
Otra funcionaria de jerarquía durante la gestión Martinelli vinculada a esta investigación es Gioconda Torres de Bianchini, quien fungió como contralora de la República.
A la exjefa de fiscalización se le acusa al delito de peculado por descuidar sus funciones de fiscalizar y regular los manejos de los actos públicos.
A juicio de la fiscal Moore, la entonces funcionaria omitió el proceso de fiscalización al producirse el refrendo del contrato sin que el Estado ostentara los títulos de los terrenos para ejecutar la obra.
‘Su inobservancia no detectó la ausencia del estudio de factibilidad, el deber de separar las fases de elaboración de estudios y diseños y, lo más importante (…) las tierras en que se desenvolvería el proyecto', consta en la vista fiscal de 135 páginas que elaboró la Fiscalía Tercera. Bianchini presenta una condición de salud delicada.
ANOMALÍAS
El documento legal señala que los auditores consideran que la contralora debió verificar que el contrato se ceñía a las normativas legales de contrataciones públicas.
Abdiel Atencio – otro ex funcionario vinculado a la investigación – fue considerado prófugo por no rendir indagatoria por estar fuera del país.
El MIDA delegó la representación de la entidad en Atencio para que presidiera el acto público del proyecto. Atencio también fue miembro de la comisión evaluadora de la licitación del sistema de riego, además de actuar como coordinador de planes y programas del proyecto.
En su argumento, Moore señala que Atencio recibió un cheque de gerencia por $20 mil, el 14 de agosto de 2012, de Felipe Virzi.
Un áudito de la Contraloría identificó una serie de anomalías en la contratación de H & H. La entidad identificó ausencia de estudio de factibilidad, pagos de gastos no establecidos en el pliego de cargos, listado desactualizado de las fincas a indemnizar, la necesidad de separar las fases de estudio y diseño del proyecto, uso de anticipo otorgado por el Estado en asuntos no relacionados con el proyecto.