Fallo permite a la Corte decidir sobre estatutos de los partidos
Los estatutos de los partidos políticos podrán ser objetados ante la Corte Suprema de Justicia, ha dejado plasmado un reciente fallo del propio tribunal, en base a una vieja demanda que pesaba sobre un artículo del reglamento interno del PRD.
El documento, cuyo ponente es Abel Zamorano, resolvió como ‘constitucional' una resolución del Tribunal Electoral (TE) que acogió el reglamento perredista de 1988, que definía cómo se le revocaba el mandato a los diputados, derribando el mito de que la Corte no puede interferir en los asuntos de los colectivos.
Sin embargo, queda claro que la única manera en que el máximo tribunal podrá hacerlo es para decidir demandas de inconstitucionalidad, plantea el fallo al que La Estrella de Panamá tuvo acceso. El documento declara que los estatutos, aunque no sean emitidos por funcionarios, son documentos públicos y, por tanto, deben estar sujetos a su control.
‘En el caso de los estatutos de los partidos políticos, la finalidad que persigue el documento cuando se logra aplicar tendrá un impacto en el acontecer nacional, al regular la forma como los partidos políticos y sus miembros proyectan sus estructuras ideológicas y políticas en el plano nacional', argumenta el fallo.
Según la Corte, el control es necesario porque ‘los partidos políticos pueden transgredir el texto constitucional y, si lo hacen, no hay razón para derivar la competencia al Tribunal Electoral (el único ente que puede ver los asuntos relacionados con partidos), basado en que quien emitió el documento no es un funcionario público, pues el control constitucional es exclusivo del Pleno'.
El cambio de parecer de la justicia ha llegado en momentos claves: justo ahora, el opositor Cambio Democrático (CD) discute la posibilidad de quitarle la curul al vicepresidente de la Asamblea Raúl Hernández, por no haber votado, el 1 de julio de 2015, a favor de la nómina que el partido ordenó.
La posición de la Corte rebate la postura impulsada por la Procuraduría General de la Nación, que sostenía —basándose en un fallo de 1997 sobre una demanda de inconstitucionalidad al reglamento del ya extinto Papa Egoró— que éste era un ente privado, por lo que sus decisiones no podrían ser objetadas ante el máximo tribunal.
El fallo, fechado a mayo pasado, no respaldó la pretensión del demandante de que se declarara inconstitucional el artículo 81 del reglamento interno perredista, porque la queja no iba directamente hacia ese documento, sino contra la resolución del TE, que ‘no transgrede las normas constitucionales'.
El artículo establecía que los diputados podían perder su curul por la forma en la que votaran en la Asamblea, aunque, según el artículo 154 de la Constitución, estos no son responsables por sus posiciones ni sus votos. El PRD suprimió la norma.
CD, al igual que los perredistas, tampoco considera que emitir votos contrarios a lo que decida el partido sea una causal de revocar curules, aunque sí el hecho de que se desatiendan las directrices trazadas por la Convención Nacional, el Directorio Nacional, la Junta Directiva, o el presidente nominal del colectivo. El asunto que discuten abogados es si alguna de esas variables ocurrió.
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REVOCATORIA
CD, contra Hernández, la próxima semana
El ala de Cambio Democrático (CD) afín al expresidente Ricardo Martinelli presentará la próxima semana la denuncia con la que busca la revocatoria de mandato al vicepresidente de la Asamblea, Raúl Hernández, proceso que, sin embargo, podría empantanarse por ambigüedades legales.
Luis Eduardo Camacho, vocero del exmandatario, dijo estar en espera de que el Legislativo le suministre una copia del acta de la sesión del 1 de julio del año pasado, en la cual Hernández votó por una fórmula progobierno para dirigir la Asamblea, a la que él pertenecía.
‘En esto hay que tener todas las pruebas', recalcó el político. La denuncia deberá ser presentada ante el fiscal del partido, que la deberá llevar después al Tribunal de Honor y Disciplina. El proceso se podrá o no llevar a cabo a través de consultas con los electores de Hernández.