Russo y Cedalise pasan al pleno de la Asamblea
La primera y única audiencia de evaluación de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, cumplió el primer paso para la ratificación de los recientemente designados por el Ejecutivo para completar la Corte Suprema de Justicia: Angela Russo de Cedeño (en la Sala Civil), y Cecilio Antonio Cedalise (en la Sala Contencioso Administrativa).
El trámite, que se cumplió con maratónico horario extendido, no fue, sim embargo, un trago dulce.
Más agresivas y directas que los interrogatorios a los que se sometieron como parte de la lista de ‘preseleccionados', resultaron las denuncias que presentaron en la Asamblea cerca de una decena de ciudadanos.
Entre las más contundentes, la de la abogada Norma González, quien quiso establecer nexos directos de Anaxímedes Cedeño, esposo de Russo, y el círculo empresarial allegado al Ejecutivo, a través de sociedades anónimas en común.
A Cedalise, a su vez, se le recriminó la vinculación de su hijo con un incidente de sangre, según denuncia de la madre del joven que sufrió la agesión, en 2004.
SUPUESTOS VÍNCULOS
En su testimonio, Norma González sostiene que varias de las empresas en las que el esposo de Russo son también de dignatarios cercanos al Órgano Ejecutivo, situación que, a juicio de la abogada, ‘resta independencia a Russo' en sus futuras actuaciones como magistrada de lo civil de la Corte Suprema de Justicia.
‘Mi preocupación es si se llega a ratificar a la magistrada, ¿a quién va a responder?. Aquí hay una serie de empresas en las que aparece Guillermo Saint Malo (pariente de la vicepresidenta de la República Isabel Saint Malo), y quiero dejar claro que los suscriptores de las empresas se hacen acreedores a acciones', insistió la jurista.
La denuncia de González involucró incluso a Eduardo Guevara, asistente de la diputada Ana Matilde Gómez, y a la procuradora Kenia Porcell, todos relacionados con empresas en común, de las que presentó fichas de registro. Según la abogada, en la lista había también sociedades de la familia hondureña Rosenthal, investigada en Estados Unidos por supuesto blanqueo de capitales.
Al parecer, las empresas en las que figura Cedeño fueron inscritas en el Registro Público por el mismo abogado que inscribió las sociedades anónimas en las que aparecen Jaime Rolando Rosenthal Oliva, su hijo Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo y su sobrino Yankel Antonio Rosenthal Coello.
Fue la diputada Ana Matilde Gómez quien refutó esas declaraciones y calificó las denuncias como una muesta de ignorancia en derecho societario.
‘No es lo mismo ser un suscriptor, un socio, un dignatario o un agente residente de la sociedad anónima', aclaraba Gómez. Y añadió que ‘el servicio que ofrece el país está basado en que grandes firmas de abogados que se dedican a la venta de sociedades preconcebidas antes de venderlas. En ese sentido los suscriptores aparecen en muchas sociedades, cuando ésta se vende, dejan de ejercer esa función', explicó Gómez.
Una fórmula similar utilizó González para hilar a los dignatarios de las empresas en las que Cedeño aparece con Efraín Antonio Campos Flores —ahijado del presidente venezolano Nicolás Maduro—, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.
Antes de iniciar su intervención, a González, así como a las otras ocho personas que solicitaron uso de la palabra, se les leyó el articulo 385 del Código Penal que regula el falso testimonio. La medida causó sorpresa, por ser la primera vez que se utiliza éste método en la Comisión de Credenciales.
Cuando el diputado Jorge Iván Arrocha, presidente de la comitiva legislativa, advirtió a la expositora que se le agotaba el tiempo. González pidió unos minutos adicionales y la Comisión votó a favor.
Antes de iniciarse la audiencia, la diputada Zulay Rodríguez, miembro de la Comisión de Credenciales, adelantó a la prensa que Norma González tenía pruebas que revelaban los vínculos de Russo ‘con el narcotráfico y los Rosenthal'.
‘Ante tales cuestionamientos, ¿cómo sabemos que los nombrados no van a responder a firmas de abogados que son la ‘llave' y están haciendo grandes negociados en la Corte?', se preguntó la diputada.
El esposo de Russo, añadió la diputada, no estaba sometido a la gravedad del juramento según el articulo 25 de la Constitución.
‘Yo no quiero que estos abogados que tengan relación con grandes firmas vengan a arreglar los casos aquí. Si tengo que ser la única que vote en contra lo voy a hacer', añadió Rodríguez.
FALSO
Presente en la audiencia, el esposo de la propuesta magistrada Russo declaró a La Estrella de Panamá que no hay nada cierto en las acusaciones en su contra y que son falsos los supuestos vínculos con los delitos que le achacaba González.
Sobre las sociedades en las que aparece como abogado, junto a conocidas figuras del país, Cedeño aseguró que, si es necesario, está dispuesto a renunciar.
‘No soy socio de esas empresas, soy abogado de muchas empresas panameñas. Mi esposa ha demostrado independencia durante muchos años. Yo soy contratado como consultor o asesor, pero no tengo participación, no tengo ningún problema en renunciar a esas empresas si mi esposa es ratificada', indicó Cedeño.
‘En realidad estoy sorprendido por cómo ,de una manera ligera y superficial, se llega a conclusiones partiendo de premisas falsas, desconociendo el derecho societario, y la función de las sociedades en Panamá, se acaba con el honor de tanta gente seria', añadió el esposo de Russo.
En el periodo de preguntas y respuestas, Russo subrayó su independencia.
‘Estoy segura que no va a haber nada que me haga resolver un caso de una forma distinta a lo que se debe resolver en justicia', dijo.
La candidata a magistrada defendió la seguridad jurídica como ingrediente de su independencia y habló de su experiencia en el campo, con los libros publicados sobre divorcio que escribió como magistrada del Tribunal Superior de Familia.
Lo mismo hizo Cecilio Antonio Cedalise, designado para ocupar la Sala de lo Contencioso Administrativa.
‘No fumo, no tomo, todos sabemos qué ser dignatario no es ser socio de una empresa', manifestó Russo a los diputados. ‘A mi me sorprenden estas acusaciones falsas que involucran a mi familia. Esperaba que se me valorara por mi trayectoria', agregó Russo.
CONTRA CEDALISE
Antes de dar paso a las intervenciones, la secretaria de la Comisión, Kathleen Levy, dio lectura a una denuncia.
‘El 1 de mayo de 2014, hirieron a mi hijo con proyectil de arma de fuego y quien causó la herida fue Cristian Cedalise, localizable en San Isidro, Pilón, provincia de Colón, República de Panamá. Hay dos testigos del hecho', se escuchaba en la lectura.
Al respecto Cedalise explicó que ‘la ética reina en su familia'.
‘No somos perfectos', reconoció, sin embargo, ‘hemos cometido muchos errores, para ser papá no hay que ir a la universidad, he intentado ser el mejor padre. En el Segundo Tribunal de Justicia consta un expediente en el que se relata que hubo un incidente. Mi hijo llevó al amigo al hospital, pero él no disparó el arma'. Hay un llamado a juicio que no se ha concretado. ‘Sabemos que tiene que responder a la justicia', reconoció el especialista laboral.
A favor de la designación de Cedalise hubo más de una docena de cartas y testimonios: profesores de la Universidad de Panamá, colegas, sindicalistas y personas relacionadas al derecho laboral, especialidad de Cedalise, abogaron a su favor invocando su impecable trayectoria.
'Es un logro para la Corte la designación de Cedalise', manifestó un conocido abogado a este diario.
La sesión concluyó, tras casi diez horas de debate, con la recomendación a favor de los dos designados que deberá ratificar el Pleno entrada la próxima semana.
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PARA REFLEXIONAR
El ‘descrédito' colectivo
A juicio del Eloy Alfaro, exembajador de Panamá en Washington, la ‘sociedad civil' parece descalificar a una serie de personas por el hecho de haber ocupado cargos, incluyendo participación en partidos, a su juicio, ‘vehículos de la democracia'.
‘Yo comprendo que quienes aspiren a estos cargos sean los más independientes, pero si seguimos descalificando se van a perder oportunidades de gente brillante porque en algún momento participaron en cualquier gremio', expresó.
El también empresario agregó que ‘tal vez se pierde la oportunidad de considerar a una persona que tiene todos los créditos y toda la capacidad para el cargo, pero no están dispuestos a someterse a ese tipo de escrutinio público'.
La Constitución establece como requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia: ‘ser graduado en Derecho, ser mayor de 35 años, haber completado un período de diez años durante el cual haya ejercido indistintamente la profesión de abogado, cualquier cargo del Organo Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Electoral o de la Defensoría del Pueblo que requiera título universitario en Derecho, o haber sido profesor de Derecho en un establecimiento de enseñanza universitaria'. Y ya es bastante.