Auditoría vincula a 18 en caso de granos del PAN
La posible lesión patrimonial de $12.3 millones causada al Estado por la compra de granos a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) en el gobierno anterior se ejecutó en dos acciones. Órdenes de compras sin que mediaran solicitudes previas de las empresas seleccionadas y con supuestos sobreprecios.
Por la primera acción, órdenes de compras sin solicitudes previas, la Contraloría General de la República (CGR) estimó la supuesta lesión patrimonial en $9 millones 268 mil 300; mientras que por posibles sobreprecios calculó la lesión en $3 millones 39 mil 807.
En lo relacionado con posibles sobreprecios la auditoría de la CGR identificó que las empresas Vafepa, S.A. y Hialing Corporation, S.A. cumplieron con la ejecución de los contratos que iban destinados para escuelas pobres del país, sin embargo, determinó que la venta de los productos al PAN fue por un precio superior a los que establecía el Instituto de Mercadeo Agropecuario y superaba los márgenes de ganancia señalados por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.
La auditoría se hizo a pedido de la Fiscalía Primera Anticorrupción, a cargo de Tania Sterling, quien investiga la presunta comisión de delitos de estafa, corrupción de servidores, contra la administración pública y contra el patrimonio económico en este proceso.
LOS SOBREPRECIOS
El PAN adquirió 30 mil quintales de arroz a $80 por cada quintal cuando el precio establecido por el IMA era de $49. También compró 10 mil quintales de lentejas verdes a $110 cada uno y el precio en el mercado era de $55 por quintal. Además compró 10 mil quintales de frijoles chiricanos a $100 y su precio en el IMA era de $76 por quintal.
Según la auditoría, las empresas que vendieron al PAN con estos márgenes de precios habrían obtenido ganancias de 52% por encima del precio señalado por el IMA, mientras que en sus libros reportaron ganancias del 25%.
LOS IMPLICADOS
El informe de la CGR vincula por presuntas responsabilidades en la lesión patrimonial a 18 personas, entre ellos 7 exfuncionarios del PAN y 11 empresarios (ver tabla). No obstante, la fiscalía ha imputado cargos a 32 personas, entre empresarios y exfuncionarios, por este proceso.
Según el informe, el principal responsable en la posible lesión patrimonial sería Rafael Guardia Jaén, quien fue jefe del PAN entre 2012 y 2014, cuando se dieron las compras de granos.
Agrega que Guardia Jaén autorizó la compra de granos a través de órdenes de compra, sustentadas con actas de entrega, en las que las firmas de los almacenistas no corresponden y, en otros casos, fueron elaborados previamente para que fueran firmadas por los almacenistas del PAN.
Según testimonios que ha rendido Guardia Jaén ante la Fiscalía Primera Anticorrupción, los contratos eran otorgados por instrucciones que provenían del entonces presidente Ricardo Martinelli y que le eran señaladas por su secretario privado, Adolfo De Obarrio.
Por estas declaraciones Martinelli es procesado en la Corte Suprema de Justicia.
Además, en el proceso que lleva el Ministerio Público, Pablo Ruiz Obregón, representante legal de Hialing Corporation, S.A., aseguró que Mario Martinelli, hermano del expresidente, era el verdadero “socio capitalista” de esa sociedad que logró varios contratos, entre ellos, la venta de granos por $4.5 millones. Mario Martinelli tiene pendiente un careo con Ruiz Obregón para esclarecer este tema. Además, Martinelli, que tiene país por cárcel, le fue concedida el 30 de noviembre pasado una fianza de un millón de dólares, que aún no ha consignado.
En cuanto al extitular del MEF Frank De Lima, detenido por este proceso, la auditoría destaca que corresponde a las autoridades competentes sancionar a los funcionarios que infringieron la norma al fraccionar los traslados de partidas para los contratos del PAN y evitar la fiscalización de la Asamblea Nacional.
Las transferencias al PAN se hicieron un mismo día.
La Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, en su artículo 23 establece que no se puede dividir la materia de contratación en partes o grupos con el fin de que la cuantía no llegue a la requerida para la celebración de una licitación. “En caso de existir división de materia, la adjudicación será nula y al servidor público infractor se le impondrán las sanciones legales correspondientes”.