Los procesos legales contra la licitación de Etesa y Aes en Panamá y EE.UU.
Hoy se conocerá a qué empresa se adjudicará la generación, a partir del 2017, de 350 megavatios adicionales de energía y potencia que la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) abrió a licitación a través del acto LPI 02-15, y que complementarán la producción de la misma cantidad de energía y potencia que se adjudicó en agosto pasado a Gas Natural del Atlántico (AES en sociedad con el Grupo Motta).
Aunque la apertura de sobres se realizará hoy en las oficinas de la Autoridad de Servicios Públicos (Asep), aún hay temas pendientes de la licitación LPI 01-15 que podrían impedir a Gas Natural del Atlántico hacerse con el contrato.
Algunos de los participantes en el acto efectuado en agosto han presentado recursos legales al considerar que en el proceso se violaron ciertos conceptos legales.
La compañía Pentacles Energy, una de las 27 oferentes de la LP01-15, interpuso un re curso de casación ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, (encargada de lo Contencioso-Administrativo) que, entre otras cosas, solicita la ‘suspensión de los efectos de la decisión que favoreció a AES', comenta Tomás Polanco, representante de la empresa en Panamá.
Pentacles Energy basa su denuncia en dos razones en particular, explica Polanco: La posición dominante de AES, que ya tiene un 24% de las concesiones hidroeléctricas del país; y la invalidez de la oferta económica que presentó Gas Natural del Atlántico.
Pentacles Energy ha dicho que la interpretación que han hecho las autoridades sobre los conceptos de ‘licitación' y ‘concesión' energética que aparecen en la Ley 6 de 1997 (que ‘dicta el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad') son errados y que solamente por un ‘tecnicismo' no se reconoce que AES tiene posición dominante en Panamá.
El gerente de Etesa, Iván Barría Mock, declaró que AES no tiene posición dominante, porque tienen el 24% de las concesiones hidroeléctricas del país, y ganaron la licitación LPI01-15 con oferta de gas natural, que es una licencia energética.
‘El límite de 25% solo aplica a concesiones de hidroeléctricas o geotérmicas. En este caso es una planta térmica, no es concesión', fueron las palabras del gerente.
Con respecto al tema del precio propuesto, considera Polanco que lo ofertado por Gas Natural del Atlántico viola ‘las reglas de la Asep', pues ‘AES presentó un precio que es inferior a los costos de producción'.
Aunque el recurso apenas está en la etapa de admisión en la Corte, Polanco confía en que la decisión de los magistrados se inclinará a su favor: ‘Tenemos mucha fe en la justicia, y nuestros argumentos legales son muy sólidos', dijo.
EN EL EXTRANJERO
Quien no confía tanto en la justicia local y ha preferido acudir a los tribunales estadounidenses es el gerente de International Panama Power Company (IPPCO), Jorge Castellanos.
Tanto IPPCO como AES Corp. son compañías cuyo capital proviene de Estados Unidos (EE.UU.), lo que ha permitido a Castellanos exponer el caso ante las autoridades de aquel país. ‘La justicia americana es 99% eficiente', considera Castellanos, quien añade: ‘Si AES no fuera una empresa americana, no podríamos hacer nada; pero lo es. Estamos viendo que es una empresa americana la que hace cosas fuera del contexto de un proceso normal. Por eso estamos denunciando la situación ante nuestras autoridades, para que defiendan los intereses de las empresas que sí lo estamos haciendo bien'.
El gerente de IPPCO presentó hace unos meses sus quejas ante el Departamento de Justicia y ante la Securities and Exchange Commission de EE.UU. por los supuestos de corrupción, tráfico de influencias, y colusión (pacto entre dos personas o empresas para afectar a un tercero).
Al ser consultado sobre el estado actual de estas querellas, Castellanos comenta que ‘a más tardar en el mes de diciembre se emitirán las citaciones correspondientes. Estas citaciones tienen implicaciones civiles y penales', señala el gerente de IPPCO, quien confía, así como Polanco, de Pentacles, en tener los argumentos suficientes para convencer a la justicia de que su denuncia es válida.