No dejaría que el Presidente influya en mis decisiones
El primer candidato en ser entrevistado por la Comisión de Estado por la Justicia para uno de los dos puestos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fue César A. Moreno Almanza, de 46 años de edad.
El intercambio con los miembros de la comisión comenzó a las 8:00 a.m. y se extendió por dos horas.
Moreno Almanza resumió su trayectoria laboral en dos periodos: su labor de 16 años dentro del Órgano Judicial -donde comenzó como notificador y llegó a estar a cargo de la fundación de la Fiscalía Superior Especializada en Asuntos Civiles- y el ámbito privado.
En su etapa en la fiscalía, contó que ganó a favor del Estado panameño un caso entablado por Nations Energy Corporation en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones del Banco Mundial, por 60 millones de dólares.
En el ámbito privado contó que ha defendido a empresas de seguros, bancos, empresas de valores, industriales y construcción.
En la audiencia pública el abogado anunció que renunciaría a las prerrogativas que tienen los magistrados de la Corte, como el derecho a importar vehículos sin aranceles o los 100 galones de gasolina al mes.
Al momento de ser interrogado sobre cómo reaccionaría si lo llama el Presidente de la República para hablar sobre un caso, Moreno señaló inicialmente que atendería la llamada "como la de cualquier otro ciudadano".
Más tarde, al ser repreguntado por este mismo asunto, dijo que no dejaría que el Presidente influyera en un caso que él lleve. "No tengo compromisos ni políticos ni comerciales", precisó justificando su decisión de no pertenecer a ningún grupo de la sociedad civil o gremio profesional, como el Colegio Nacional de Abogados.
Se comprometió a rendir cuentas al país sobre sus funciones "periódicamente, semestralmente y anualmente".
Moreno admitió no poseer estudios en derechos humanos ni en leyes indígenas, ni haber escrito libros de derecho durante su carrera. Manifestó además que no dejaría que sus asistentes redactaron sus fallos sino que lo haría él mismo.
Al ser preguntado sobre la reapertura del caso Cemis, el candidato a magistrado señaló que debería estudiar primero el expediente para tomar una decisión.
En la entrevista, transmitida en vivo a través de prensa.com, participa el procurador general de la Administración, Rigoberto González, quien también coordina la comisión; la diputada Ana Matilde Gómez (en representación de la Asamblea Nacional); Carlos Lee (Alianza Ciudadana); la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell; el presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, y el defensor adjunto del Pueblo, Javier Mitil.
Los 10 finalistas se disputan las vacantes que dejarán Harley Mitchell, el próximo 31 de diciembre, y Víctor Benavides, a quien también se le vencía su plazo, pero que renunció en junio pasado en medio de un proceso judicial en su contra.