Lista de aspirantes a la Corte Suprema crece de 153 a 164
Los tres órganos del Estado ‘actúan de manera limitada y separadamente, pero en armónica colaboración', así lo dispone el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Panamá. El nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es uno de los casos en los que esta máxima constitucional se pone en práctica.
Después de varias semanas de reclamos y misterios, el Ejecutivo accedió a poner fin al suspenso y reveló los nombres de los 153 aspirantes a magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Ahora hay un elemento que no había sido informado: once abogados se postularon antes de que se abriera oficialmente el periodo y uno (Franklin Alberto De Gracia Pardo), lo hizo después de cerrada esta etapa.
El compromiso del Ejecutivo es someter a consideración del Consejo de Gabinete el listado completo, del que deberá preseleccionar a diez, entre los cuales finalmente se escogerán los dos nombres que serán presentados a la Asamblea Nacional para su ratificación como magistrados.
De esta forma, el proceso de selección de parte del Ejecutivo entra en su etapa final.
El Consejo de Gabinete debe elegir a los dos abogados que remplazarán en el cargo a los magistrados Harley James Mitchell Dale (Sala Primera) y Nelly Cedeño ( reemplazó de Víctor Benavides en la Sala Tercera).
Los dos nuevos jueces deberán tomar posesión el 2 de enero de 2016.
REQUISITOS NO ESCRITOS
En el desarrollo del proceso, hay una serie de requisitos que no están escritos en la Constitución Política de la República y es entonces que surge la pregunta de cuál debería ser el perfil de un magistrado de la Corte.
Aunque diversos sectores de la ciudadanía tienen su posición al respecto, todos coinciden en que un magistrado debe reunir no solo competencias técnicas y profesionales, sino una serie de valores éticos y morales que le permitan ejercer dignamente la función judicial. Consideran que Panamá necesita en este cargo a un ciudadano o ciudadana que haya tenido una trayectoria de conducta intachable, con demostrada capacidad moral e intelectual.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá (CNA), José Alberto Álvarez, ha insistido en que un administrador de justicia debe, por encima de todo, ser resistente a las críticas y no temer a los medios de comunicación, a los políticos, ni a los representantes de los órganos Ejecutivo y Legislativo.
Nadie debe ser nombrado en este cargo si no tiene esta virtud, precisó Álvarez, quien agregó que otros requisitos indispensables son la independencia y, por encima de todo, la honradez.
Otro abogado que tiene su lista propia de requisitos es Roberto Troncoso, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, quien señala que el nombramiento de los nuevos magistrados o magistradas debe hacerse a través de un proceso transparente para que todos los interesados participen sobre la base de reglas claras.
A estas opiniones se suma el vicepresidente del CNA, Juan Carlos Araúz, para quien más allá de los requisitos constitucionales, la designación de un nuevo magistrado debe ser entendida como el reconocimiento a una larga carrera profesional.
Ostentar el cargo durante diez años, dice Araúz, debe ser la culminación de una vida dedicada al estudio del derecho, la Constitución y las leyes.
Por eso, piden al presidente Juan Carlos Varela que cumpla su promesa de campaña y que lleve a la Corte Suprema a figuras independientes, capaces, que también gocen de prestigio y probidad moral. El CNA se ha manifestado interesado en participar en el proceso de selección.
Otras organizaciones coinciden en la necesidad de que se nombre a abogados con trayectoria, pero sobre todo honestos y honorables.
Hay grupos que, sin ser feministas, piden que se designe a una mujer para que entre a formar parte del pleno de la Corte Suprema.
Las agrupaciones Agente por la Paz Electoral, Centro de Incidencia Ambiental, Centro de Innovación y Acción Social, Consejo Nacional de Organización Comunitaria, Espacio Encuentro de Mujeres y Movimiento Independiente por Panamá, demandaron una justicia accesible y transparente y coinciden en que es necesario integrar mujeres al pleno.
Las agrupaciones exhortaron al Ejecutivo y al Legislativo que la designación de los magistrados suplentes también sea sometida a un proceso similar, abierto y transparente.
La Alianza Ciudadana, a través de un comunicado, considera que los nuevos magistrados de la Corte Suprema deben tener solvencia moral y prestigio reconocido, no existir cuestionamientos sobre su transparencia y ética, en su vida personal, ejercicio profesional o como servidor público.
Además, dice la Alianza que los nuevos magistrados deben tener experiencia jurídica y preparación académica, proyección social e investigación científica, participación ciudadana en la solución.
PROCESO DE EVALUACIÓN
Las hojas de vida recibidas en la Presidencia de la República, por el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, con el apoyo de la Dirección Jurídica de este Ministerio, el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, y el ministro Consejero, Francisco Sierra, fueron objeto de una primera verificación del cumplimiento de los requisitos constitucionales.
Son funciones del Consejo de Gabinete, como lo establece el artículo 200 de la Constitución, acordar con el presidente de la República los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema, con sujeción de la aprobación de la Asamblea Nacional.
Sin embargo, el gobierno tomó la decisión de dar participación a diversas organizaciones.
Hoy presentará un listado con diez candidatos, que se someterá a un proceso de consultas con la sociedad civil (Pacto de Estado por la Justicia, Movimiento Independiente por Panamá – Movin- y el Colegio Nacional de Abogados), a fin de que den a conocer sus observaciones sobre los respectivos candidatos. De esa lista de diez, se elegirá a los dos que se enviarán a la Asamblea.
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RENOVACIÓN
Los dos jueces que abandonan la Corte
Harley James Mitchell y Víctor Leonel Benavides, en el 2005, fueron designados por el presidente de la República Martín Torrijos, para magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Antes de llegar al Palacio Gil Ponce, sede de la Corte, Mitchell ejerció como representante de corregimiento, legislador, Director de Asesoría Legal de la Asamblea Nacional, diplomático y secretario General de la Asamblea Nacional.
Actualmente, Mitchell es magistrado presidente de la Sala Primera de lo Civil.
Por su parte, Benavides no concluyó su periodo, renunció al cargo el 19 de junio pasado en medio de una investigación judicial.
Benavides fue procesado por la Asamblea Nacional por pedofilia y delito contra la administración por supuestos cobros por los fallos.
La magistrada Nelly Cedeño de Paredes tomó posesión en su remplazo al frente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte .
Cedeño de Paredes ingresó al Órgano Judicial en 1984 y se desempeñó en el cargo de magistrada del Tribunal Superior de Familia desde 1995.
La magistrada Cedeño de Paredes es licenciada en Derecho de la Universidad de Panamá.
Los magistrados Mitchell y Benavides empezaron sus funciones el 2 de enero de 2006, por lo que el gobierno tiene designar sus remplazos para que tomen posesión el 2 de enero próximo.