Fiscal pide a Mejía fijar audiencia por caso de escuchas
En una nota fechada ayer, Díaz recordó a Mejía que el 9 de octubre presentó su escrito de acusación a Martinelli en los términos que dispone el artículo 492 del Código Procesal Penal, que dice: “Concluida la investigación, el magistrado fiscal emitirá por escrito su opinión jurídica en la que expresará su solicitud de elevación de la causa a juicio o sobreseimiento”.
El mismo artículo precisa: “La calificación del sumario corresponderá al magistrado que ejerza las funciones de juez de garantías. La audiencia de formulación de la acusación deberá realizarse dentro del plazo previsto en el artículo 344 del Código –no menos de 10 días ni más de 20–. Admitida la petición de elevación a juicio, se remitirá lo actuado ante el Pleno de la Corte de Justicia para que esta instancia resuelva lo que en derecho corresponda”.
Según Díaz, una vez recibida la acusación, el juez de garantías tenía cinco días para notificar a la defensa del exmandatario.
Este plazo, estipulado en el artículo 341 del Código Procesal Penal, es el que permite a las víctimas o querellantes en el proceso adherirse a la acusación del fiscal o presentar una de forma autónoma.
Según el magistrado Díaz, este plazo de cinco días venció el 16 de este mes.
En la notificación a la defensa, detalló, debió incluirse no solo la acusación de él, sino la posición de las víctimas o querellantes.
REACCIONES
Mientras, el abogado Carlos Herrera Morán, representante de Mauro Zúñiga, una de las víctimas de los pinchazos, presentó ayer una solicitud para que se realice la audiencia de formulación de cargos.
Herrera Morán dijo parecerle “inexplicable” la demora del magistrado Mejía en fijar una fecha para analizar la petición de Harry Díaz de enjuiciar a Martinelli.
Alegó que el sistema penal acusatorio es claro y expedito en esta materia.
Por su parte, Dimas Guevara, abogado de Martinelli, reconoció que el fiscal de la causa está en su derecho de solicitar una audiencia al juez de garantías, aunque consideró que antes de llegar a esta audiencia se deben resolver varios recursos relacionados con el caso.
Guevara opinó que el magistrado fiscal actuó de manera irregular al no solicitar una audiencia de imputación y pasar de forma directa a la formulación de cargos.
En este sentido, aseguró que la actuación del fiscal Díaz ha provocado cierta confusión que debe ser aclarada, ya que su accionar
puede provocar la nulidad de todo el proceso.
Así mismo, dijo que la defensa del exmandatario solicitó una audiencia de control de las actuaciones del fiscal para la cual tampoco se ha dispuesto fecha, lo que ha dejado en indefensión a su cliente.
Dijo que el fiscal violó el debido proceso al no solicitar la audiencia de imputación y pasar de forma directa a la formulación de cargos, lo cual contraviene el artículo 5 del Código Procesal Penal, que dice: “sin formulación de cargos no habrá juicio ni habrá pena sin acusación probada”.
Según Guevara, este es un tema que deberá ser analizado por el juez de garantías de forma detallada antes de tomar una decisión de si
acoge la petición hecha por el fiscal, ya que este, a su juicio, violó el debido proceso.
Acotó que los miembros del equipo legal que defiende a Martinelli esperan por la decisión que asuma el juez de garantías.
Entretanto, el abogado Ángel Álvarez, quien representa a Zulay Rodríguez y a Miguel Antonio Bernal (víctimas de los pinchazos), también solicitó una audiencia para que se ordene la conducción de Martinelli y esté presente en el proceso.
Álvarez opinó que en los próximos días el juez de garantías debe hacer un pronunciamiento y definir cuál será el procedimiento a seguir.
Según su opinión, la actuación del fiscal Harry Díaz ha sido de forma muy particular y que no comparte, pero que es el juez de garantías quien debe asumir alguna posición.
En este proceso, Martinelli es acusado por la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.
La investigación al exgobernante se originó, luego de que un testigo protegido denunciara que los exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz y Gustavo Pérez autorizaron la compra de equipos para espiar a opositores del gobierno pasado.
Esta parte del proceso fue instruida en el Ministerio Público y enviada al Juzgado Decimosexto Penal, que llamó a juicio a Garuz y a Pérez, quienes están detenidos.