Imputan cargos a José Raúl Mulino y a Alejandro Garuz
La Fiscalía Tercera Anticorrupción les formuló cargos por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública al exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino y al ex secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz. En el proceso que sigue por la adquisición de 19 radares a la empresa Selex, filial de Finmeccanica, por un monto de $125 millones en el gobierno pasado.
Trascendió que Garuz, actualmente detenido en El Renacer por el caso de los pinchazos telefónicos, sería indagado hoy por la fiscal Zuleyka Moore; mientras que Mulino, quien confirmó que se notificó de la indagatoria, comparecerá mañana jueves al Ministerio Público.
La fiscalía busca determinar el cumplimiento o no del contrato entre el Estado panameño y Selex.
A pesar de que la fiscalía inició de oficio esta investigación basada en reportes periodísticos que dan cuentas de irregularidades en este contrato, el ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera Franceschi, confirmó que entregó pruebas que corroboran que los radares no tenían capacidad para detectar las lanchas rápidas del narcotráfico.
MULINO Y GARUZ VAN A INDAGATORIA
La Fiscalía Tercera Anticorrupción ordenó la indagatoria del exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino y del exdirector del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) Alejandro Garuz por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato para la adquisición de 19 radares, por $125 millones, a la empresa italiana Selex, filial de Finmeccanica.
Una fuente del Ministerio Público confirmó que la indagatoria al exministro Mulino se verificará mañana jueves en las instalaciones de la fiscalía, ubicada en el edificio Avesa, en vía España.
Mientras que trascendió que Garuz comparecerá hoy a la indagatoria. Garuz está detenido en el centro penitenciario El Renacer, imputado en el caso de los pinchazos telefónicos.
ANTECEDENTES
La compra de equipo de seguridad se consumó como parte del “memorándum de entendimiento de cooperación técnica” entre los gobiernos de Ricardo Martinelli y del entonces primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, por unos $250 millones.
Como parte de ese “entendimiento”, el 3 de agosto de 2010, el Consejo de Gabinete autorizó al entonces ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, a celebrar un contrato directo con AgustaWestland para la compra de seis helicópteros para el uso del Servicio Nacional Aeronaval y la capacitación de los pilotos y técnicos de mantenimiento.
Igualmente, Mulino recibió luz verde para acordar la compra -también directa- de 19 radares a Selex, para combatir el narcotráfico.
El primero y el segundo contrato firmado por Mulino sumaban cerca de $200 millones
El Gabinete también autorizó al Ministerio de Obras Públicas (MOP), a cargo de Federico Suárez, para que tramitara la compra directa de un mapa cartográfico con Telespazio por $22 millones. Dicho mapa nunca fue suministrado.
Para esa época, Garuz fungía como viceministro de Seguridad Pública.
PRUEBAS
La fiscal Zuleyka Moore abrió la investigación de oficio el 11 de agosto pasado, luego de una serie de publicaciones en las que se revelaban presuntas irregularidades en la compra y operación de radares.
El ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera Franceschi, reveló que entregó a la fiscal toda la información sobre la evaluación técnica hecha por funcionarios del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) sobre el alcance de los radares.
Según las evaluaciones, los radares no tienen capacidad para detectar las lanchas rápidas que utilizan los narcotraficantes para mover su mercancía.
Ante el reclamo del Gobierno, Finmeccanica ofreció suministrar unos drones, para que complementaran los radares. La propuesta fue rechazada por el Ministerio de Seguridad Pública.
Debido a las irregularidades detectadas, el Estado panameño presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar la nulidad del contrato con Selex. El 26 de agosto pasado, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte suspendió, provisionalmente, el acuerdo con Selex.
Aguilera aseguró que entre la documentación aportada a la fiscalía están detalles de las investigaciones que se adelantan en Italia para determinar si en la ejecución de estos contratos hubo pago de coimas.
Aguilera se refiere a las pesquisas que ha adelantado la justicia italiana con relación a copias de las facturas emitidas por la sociedad panameña Agafia Corp. que, según los fiscales italianos, serían usadas como vehículo para el pago de “coimas” por $25 millones en los contratos que suscribió Panamá con Finmeccanica.
Agafia Corp, según las investigaciones en Italia, ha sido vinculada al expresidente Martinelli, como dueño de ésta y a Valter Lavítola, quien fungió como intermediario de Finmeccanica en la negociación con Panamá durante la administración de Martinelli.
Lavítola tiene dos condenas dictadas por el Tribunal de Nápoles. Una es de tres años de prisión por haber tratado de extorsionar a la italiana Impregilo -empresa a la que se le exigió la construcción del hospital pediátrico que el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi prometió donar en Veraguas-, y la otra es de 11 meses de prisión por corrupción internacional.
MULINO CONFIRMA
Mulino confirmó que fue notificado de la diligencia de indagatoria a las 2:00 p.m. de ayer, pero se rehusó a hacer cualquier comentario sobre la decisión de la fiscalía en este caso.
También se intentó buscar una reacción del abogado Cristóbal Arboleda, representante legal de Garuz, pero no respondió las llamadas ni los mensajes dejados en su teléfono celular.
Garuz permanece detenido en la cárcel El Renacer, luego de que la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada apeló una decisión del Juzgado Decimosexto Penal, que le cambió la medida de detención preventiva por un impedimento de salida del país dentro del proceso por escuchas telefónicas ilegales durante la pasada administración.
También enfrenta otro proceso por lesiones personales en perjuicio del periodista Filemón Medina, tras un altercado. Además, es investigado por la compra y desaparición de equipos espías en el gobierno pasado.