Diez institutores esperan juicio por terrorismo
El Juzgado Segundo Penal de Adolescentes del Primer Distrito Judicial es cuestionado por los familiares y abogados que defienden a los institutores recluidos en el Centro de Custodia Arco Iris, ubicado en Tocumen.
El juez Armando Padilla ordenó el 16 de octubre la libertad condicional de tres estudiantes adolescentes, entre ellos Roniel Bustamante, pero no falló a favor de otros cuatro, como Josafat Pinzón y Carlos Zurita, quienes también están en el expediente de ocho tomos en el que se les acusa de terrorismo, asociación ilícita para delinquir y tentativa de homicidio.
Paralelamente, otros tres institutores, mayores de edad, están recluidos en celdas de la DIJ. Hoy, todos cumplen 97 días tras las rejas.
La situación se originó en los disturbios del 7 de julio, en el ‘Nido de Águilas', en los que resultaron un profesor y una alumna con graves quemaduras de segundo grado al ser impactados en su cuerpo por una bomba casera. Ese mismo día se vandalizó la propiedad privada y el colegio .
Los defensores de los menores, por separado, presentarán al juez los documentos para lograr la medida cautelar de libertad condicional de firmar los días 15 y 30 de cada mes para los cuatro menores.
La petición de libertad condicional se basa en que los chicos son ‘inocentes' y los de delitos endilgados no son los ‘idóneos', porque, de existir la figura del terrorismo, según los defensores, los policías no hubiesen podido acercarse tan fácilmente a filmar el suceso y permitir que los estudiantes vandalizaran un vehículo a la vista de todos.
Según Alexis Córdoba, abogado y tío del estudiante Carlos Zurita, la manifestación que enmarca los hechos fue fortuita o no planificada, debido a que el Instituto Nacional se ha caracterizado por las protestas sociales.
LIBERACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
La estrategia fue sencilla: a solo tres días de vencerse el plazo de tres meses para concluir las investigaciones del caso (el 16 de octubre), por separado, los abogados presentaron peticiones de nueva medida cautelar tanto a la Fiscalía Primera de Adolescentes del Ministerio Público como al Juzgado Penal de Niñez y Adolescentes.
La fiscal Primera de Adolescentes, Belkis Osorio, que ha realizado las pesquisas para acreditar los supuestos delitos a los chicos, mantuvo su decisión de tener a los siete adolescentes en detención preventiva en el reclusorio de Tocumen, donde han permanecido desde el 16 de julio, luego de ser aprehendidos en distintos allanamientos en sus respectivas residencias en horas de la madrugada.
ARGUMENTO DEL JUEZ
Discrepando con el criterio de Osorio, el juez Segundo Penal de Adolescentes aprobó la libertad de tres institutores enmarcado en los artículos 37, 40 y 59 de la Ley 40 de 26 de agosto de 1999, del régimen especial de responsabilidad penal para la adolescencia.
Los dos primeros artículos se refieren al derecho que tiene todo adolescente que enfrenta un proceso penal a contar con los servicios de la defensa y a los deberes de los defensores de oficios como solicitar al juez de cumplimiento los correctivos cuando indebidamente se restrinjan los derechos de los sancionados.
En tanto, el artículo 59 señala que la detención provisional solo podrá ser aplicada como medida excepcional y se utilizará si no fuese posible aplicar una medida menos gravosa.
Los abogados aducen que la decisión judicial ‘fue aplicada de manera selectiva y sin lógica'. Se trató de un delito colectivo investigado y la nueva medida cautelar fue solo para tres imputados.
¿QUÉ SIGUE?
Un portavoz del Ministerio Público explicó a La Estrella de Panamá que la fiscal Osorio remitió en la mañana del 16 de octubre (día de la liberación) el expediente al Juzgado Penal de Niñez y ahora está esperando la fecha del juicio. El juez tiene 30 días para llamar a audiencia.
La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, el 20 de julio, en la sede de la Policía Nacional, aseguró que los jóvenes atentaron contra la paz social. ‘En el tema de terrorismo… cuando se suma la forma como se cometieron los hechos y se le embona al tipo penal, definitivamente surge terrorismo', afirmó Porcell.
El Ministerio de Gobierno informó ayer que el Instituto de Estudio Interdisciplinario, oficina que regenta la jurisdicción penal de menores, recibió el 16 de octubre la orden de liberación de tres menores del Juzgado Segundo Penal de Adolescentes y procedió a liberarlos.
Ruth Pretel, madre del institutor Josafat Pinzón, sigue extrañada por la liberación de solo tres adolescentes y no de los siete recluidos en el centro de Tocumen.
Ella sabe que el proceso continuará contra su hijo, pero está segura que saldrá libre pues no es terrorista ni tuvo ninguna participación en los hechos investigados.
De todas formas, si los diez son condenados, la Asamblea Nacional planea otorgarles amnistía a los aguiluchos.