Auditoría corrobora irregularidades en el contrato de Cobranzas
Una auditoría efectuada por la Contraloría General de la República ha puesto en evidencia las irregularidades en los pagos efectuados a la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), que entre 2010 y 2014 fungió como gestora de cobros de impuestos morosos.
El documento también corrobora que hubo incumplimiento en el proceso de contratación directa de la empresa para la recuperación de la cartera morosa y no pagada.
El informe de auditoría número 081-016-15 del 13 de agosto de 2015 efectuado por la Contraloría General de la República vincula a Luis Enrique Cucalón, Magaly Ramos y Gioconda Torres de Bianchini con un perjuicio contra las arcas del Estado de $29 millones, producto del contrato 100 del 25 de agosto de 2010, firmado entre la Dirección General de Ingresos (DGI) y la empresa.
A Torres de Bianchini, que se desempeñó como contralora general entre 2009 y 2014, se le señala por refrendar el pago de comisiones a la empresa de comisiones que no le correspondían y no se ajustaban a los porcentajes establecidos en el contrato.
La acción de la funcionaria de la administración de Ricardo Martinelli iría en contra la clásula novena del contrato 100, con la que se establecían las formas de pago. Además, se identifica a la funcionaria por refrendar el contrato entre la empresa y Dirección de Ingresos sin contar con las evidencias de que CISA cumplía con lo establecido en la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula las contrataciones públicas.
A Magaly Neddesia Ramos, quien firmó el contrato en nombre de la empresa, se le vincula por cobrar dichas comisiones y a Luis Cucalón, entonces director de Ingresos, por autorizar su pago.
A Cucalón, se le identifica, asimismo, como el responsable de autorizar el uso del Fondo de Devolución de Impuestos para pagar dichas comisiones. Actualmente, Cucalón cumple prisión preventiva por la investigación que se sigue en la Fiscalía Cuarta Anticorrupción por el pago ilegal de comisiones a la empresa Cobranzas del Istmo. Ramos, por su parte, tiene una medida cautelar de arraigo (país por cárcel) por este mismo caso.
La auditoría, que comprende el periodo entre 1 de enero de 2010 al 31 de marzo de 2015, establece que la actual afectación económica al Estado panameño es de $8.8 millones, luego de que Cristóbal Humberto Salerno, propietario de CISA, realizara una transferencia voluntaria a la cuenta única del Tesoro Nacional por $20.6 millones, por cobro injustificado.
El contrato 100 del 25 de agosto de 2010 estipuló el cobro de comisiones de acuerdo con el tiempo transcurrido tras el vencimiento —morosidad— de las cuentas pendientes. En el caso de cuentas vencidas entre 12 y 18 meses, se cobraría una comisión del 15%; si la morosidad era de entre 18 y 24 meses, la comisión sería del 20% y si fuera entre 24 y 30 meses, el porcentaje iría por el 25%. Si el vencimiento superaba los 30 meses, la comisión sería del 30%.
El acuerdo entre las dos partes autorizaba a la empresa gestora de cobros a recuperar solamente las carteras morosas que excedían los 12 meses, e incluía todos los impuestos.
Cobranzas del Istmo solo podía cobrar a los contribuyentes morosos que le asignara la DGI en cuentas que serían escogidas de manera aleatoria a través del sistema de cómputo de la entidad, de acuerdo a la cuantía de la cuenta, la antigüedad y el domicilio del moroso.
La auditoría de la Contraloría también determinó que la empresa facturó dos veces una misma gestión de cobros de impuestos morosos del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (AITSA).
Cobranzas del Istmo, S.A. duplicó una factura de $5.1 millones que le generó comisiones adicionales de $1.5 millones sin haber gestionado el cobro a AITSA.
Entre 2013 y 2014, la sociedad AITSA realizó pagos a la DGI por $136.6 millones. Sobre la base de los pagos efectuados por la empresa estatal, la empresa gestionó cobro de comisiones por $19.6 millones, aduciendo la cancelación de una morosidad de $65.5 millones.
Con las gestiones de cobros 14162068 y 14162487 de los meses abril y mayo de 2014, la empresa presentó registros de pagos de morosidad de impuesto inmueble por $5.1 millones, lo que representó una comisión de $1.5 millones, que fue pagada con los cheques 3324 y 3375 del 23 de mayo y 2 de julio de 2014. Sin embargo, la misma comisión ya había sido pagada con el cheque 3253 del 10 de abril de 2014.
Los cálculos de la empresa no coincidían con los del sistema informático que computan pagos morosos de AITSA por $72 millones y que representaban una comisión de $21 millones. Por lo antes expuesto, la Contraloría considera que el pago de $19.6 millones efectuado a la empresa CISA y que fue calculado a un porcentaje del 30%, contraviene lo acordado por escrito: ‘la empresa recibirá una comisión por cada morosidad gestionada y efectivamente cobrada'.
La Contraloría cuestiona, por otra parte, que la gestión de los impuestos morosos de Tocumen se decidió en una reunión extraordinaria de urgencia de la junta directiva celebrada el 1 de agosto de 2013 y en arreglos de pagos suscrita entre la empresa estatal y la DGI.
Sobre la contratación de la empresa, el informe indica que se incumplió la Ley 22 de 27 de junio de 2006, de contrataciones públicas.