El Estado Gastó $21.5 Millones Para Espiar En 10 Años
En la última década, el espionaje ilegal a políticos y dirigentes nacionales por parte del Estado ha requerido una inversión de $21.5 millones.
Por esa misma suma se pudo haber construido dos escuelas modelo o de excelencia educativa o centros hospitalarios en cualquier provincia del interior.
Aunque la práctica de los ‘pinchazos' no es nueva, viene desde la época militar, durante el gobierno de Martín Torrijos se trató de institucionalizar y en el de Ricardo Martinelli se elevó a su máxima expresión y se requirió de una inversión millonaria.
En el quinquenio Martinelli se adquirieron equipos de última generación que requirieron una mayor inversión.
Lo más grave es que al final de cada gestión los equipos usados por el Consejo de Seguridad del Estado desaparecieron sin dejar rastros.
En 2008, el gobierno de Martín Torrijos adquirió equipos de tecnología inglesa, alemana e israelí por un valor de $800 mil. Los aparatos fueron comprados de forma directa utilizando el portal de PanamaCompra, pero con la descripción de equipos de computación, sin especificar el uso que se le daría.
En este mismo periodo, se acusó al gobierno Torrijos de equipar automóviles con antenas móviles para captar señales de celulares y de teléfonos fijos. De esta forma, se podía captar conversaciones dentro de oficinas, restaurantes, edificios o residencias. El equipo podía interceptar las llamadas en un radio aproximado de 500 a 800 metros cuadrados. Tenía capacidad para captar hasta 25 señales de celulares al mismo tiempo.
No fue hasta dos años después, en enero de 2011, que el entonces presidente de la República, Ricardo Martinelli, denunció la pérdida de dos equipos de interceptaciones de llamadas del Consejo de Seguridad. Se tenía en el registro tres equipos, pero solo aparecía uno. Se informó que el equipo fue trasladado a un apartamento en Bella Vista, pero no se ubicó.
A principios del gobierno de Martinelli se puso un plan de seguridad que incluía espiar a políticos, dirigentes sindicales, periodistas y otros.
Se inició una espiral de gastos cuyo final todavía no se conoce.
Hasta ahora, se sabe que se adquirió equipo a la empresa la empresa israelí M.L.M. Protection Ltd. valorado en $13.4 millones.
A pocos días de concluir el gobierno, el equipo desapareció y no se tiene pistas de su paradero.
Información surgida del expediente de una investigación que está en manos de la Corte detalla que el equipo estuvo en Monte Oscuro, donde están las oficinas centrales de los negocios de Martinelli, pero no se ha ubicado.
El gobierno de Martinelli, también pactó con la empresa M.L.M. cuatro mantenimientos en los que el Estado gastó otros $6.3 millones, 50% adicional a la adquisición.
Abogados de Martinelli, en un intento por desvincularlo, señalan que la actual administración gubernamental sigue con las mismas prácticas de espionaje y llevaron el caso al Ministerio Público.
El presidente, Juan Carlos Varela, solo asegura que es una manera de distraer la atención y ante los cuestionamientos sobre si su Gobierno realiza ‘pinchazos', sostuvo que todo está judicializado y que ‘no hay ninguna intervención que no sea autorizada' por la Corte Suprema de Justicia.
‘Es para distraer', dice Varela
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, desestimó las acusaciones contra miembros de su gobierno a quienes se les vincula con el espionaje telefónico.
A juicio del mandatario, las denuncias presentadas por dos abogados del expresidente de la República Ricardo Martinelli, contra su ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, y el jefe del Consejo de Seguridad, Rolando López, son acciones para distraer la atención de los procesos en los tribunales.
Los abogados han solicitado la separación de los funcionarios por extralimitación de funciones. Además, los abogados del expresidente demandaron a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia ante la Asamblea Nacional, por supuestas irregularidades en el proceso.
En clara referencia a Martinelli, el mandatario dijo que ‘todo el mundo en este país sabe quién era el que pinchaba los teléfonos', razón por la que se le está investigando hoy.
Varela aseguró que se pretende desviar la atención de la ‘judicialización' de la actuación en la que incurrieron miembros de la pasada administración.
‘Ahora tratan de acusar a otros de lo que ellos mismos hicieron', dijo Varela, quien fue víctima de las escuchas telefónicas.