Cucalón: Vallarino Y Dulcidio Avalaron A Cobranzas Del Istmo
Alberto Vallarino y Dulcidio De La Guardia tenían conocimiento de que la empresa que se dedicaría a cobrar las cuentas morosas del Estado se contrataría de forma directa. Esa labor terminaría encomendándose a Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), que entre 2010 y 2014 podría haber ganado $47.1 millones en comisiones ilegales.
‘Los documentos (del contrato) pasaron por todos los despachos. Cualquiera podía impugnarlos', declaró el abogado Carlos Carrillo, defensa del exdirector de Ingresos Luis Cucalón, en una conferencia de prensa conjunta realizada ayer en horas de la tarde.
Las declaraciones del abogado del exrecaudador de impuestos se producen tres meses después (16 de enero de 2015) de que el actual ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, interpusiera una demanda por la supuesta comisión de delito contra la fe pública (falsificación ideológica de documento) para favorecer la contratación de CISA.
De comprobarse la culpabilidad de Cucalón, tendría que enfrentar una pena de entre cuatro a ocho años de prisión.
La defensa del exdirector de recaudación señaló que existe una contradicción legal en la querella penal contra su representado.
De La Guardia señaló que se contrató directamente a esta empresa sin las autorizaciones correspondientes del Consejo Económico y del Consejo de Gabinete.
Pero según Carrillo, el ministro se contradice: el 8 de abril de 2011, en una carta dirigida al procurador encargado, Ramsés Barrera, él mismo señaló que el contrato era ‘lícito, legítimo, de su conocimiento y de contratación directa'.
En esta misiva, que aporta la defensa, el entonces viceministro reconoce que el contrato de CISA estaba enmarcado en la Ley 33 del 30 de junio de 2010 y el Decreto Ejecutivo N° 22 de 17 de marzo de 2010, entre otras normas. El abogado no se explica ahora cómo el hoy titular de Economía y Finanzas lo desconoce.
La nota de De La Guardia al procurador se da en el marco de una denuncia interpuesta por la señora Norma González de De Frías contra el ministro de Economía y Finanzas y el Director General de Ingresos de entonces, por la presunta comisión de delito contra la administración pública en el procedimiento de contratación directa de CISA.
Carrillo recuerda, además, que cuando se suspendió el contrato a CISA, en octubre de 2014, el ministro reconoció el servicio prestado por el contratista, al amparo del contrato N°100 de 25 de agosto de 2010. El jurista detalló que el contrato fue adjudicado en 2010, después de estudiarse el informe de una comisión evaluadora integrada por un grupo de funcionarios, y de que se fijara el monto de la fianza de cumplimiento y de manejo.
‘Yo no escogí a Cobranzas ni escogí a ninguna empresa. Es más, yo me oponía a la tercerización del cobro de impuestos', aseguró Cucalón a este medio, en una entrevista exclusiva anterior.
Según agregó Cucalón en aquella ocasión, el contrato no fue llevado a Gabinete porque ‘no establecía montos'. El caso de falsedad ideológica ‘no tiene ningún agarradero jurídico, porque el ministro (Vallarino) y la contralora (Torres de Bianchini' admitieron que era imposible ponerle un monto al contrato' cuando se firmó la fianza de cumplimiento y de manejo, el 10 de agosto de 2010, repitió Cucalón en la rueda de prensa.
Quince días después, se procedería a la firma del documento, bajo competencia del exdirector de ingresos, como lo establece el Decreto Ejecutivo N°22 de 17 de marzo de 2010, que reglamenta a los gestores de cobros estatales.
Por instrucción del Ministerio de Economía, La Estrella de Panamá , interesada en conocer la versión del ministro De La Guardia, llamó a su abogado, Boris Quintero, quien no contestó.
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ONEROSAS COMISIONES
Justifican cobros a Tocumen, S.A.
El abogado Carlos Carrilo señaló que Tocumen, S.A., era una sociedad anónima y esto permitía a Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), gestionar los cobros de impuestos morosos.
CISA ganó $21 millones en comisiones por cobrar impuestos morosos a Tocumen, S.A., una empresa cuyo único accionista es el Estado.
Luis Cucalón, exdirector de Ingresos, señaló que el contrato que firmó la empresa con el gobierno no excluía a Tocumen, S.A. del cobro de impuestos morosos.
Sin embargo, parte de las comisiones cobradas por CISA a Tocumen no cumplían con los términos de morosidad impuestos por el contrato, que exigía 30 meses de morosidad para una comisión del 30%.
Carlos Carillo, abogado de Luis Cucalón
‘ En 2011, De la Guardia envió una carta en la que reconocía que el contrato de CISA era lícito, legítimo y de su conocimiento',
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GESTIÓN DE COBROS
CISA facturó y cobró millonarias comisiones al Estado.
$172.9 millones en cuentas morosas recuperó la empresa CISA al Estado entre 2010 y 2014, en virtud de un contrato.
$47.1 millones ganó en comisiones CISA por recuperar una cartera de impuestos morosos del Estado.