Panamá se examina ante el Gafi

Panamá pasa esta semana una etapa importante en su camino por salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi). El organismo internacional tiene su reunión plenaria en París entre el 22 y el 27 de febrero.

Desde el pasado mes de junio, Panamá forma parte de la denominada lista gris del Gafi, una institución intergubernamental que establece estándares legales y promueve medidas para mejorar la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo. En una evaluación ejecutada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2012 se revelaron las deficiencias de la estructura legal del país para combatir estos actos ilícitos, lo que dio pie al Gafi para considerar a Panamá dentro de la lista de observación.

Esto sucedió unos meses antes de que saliera a la luz pública la existencia de cuentas millonarias en bancos locales cuyos fondos supuestamente procedían de actos de corrupción de funcionarios de la pasada administración, hechos que refuerzan las tesis del Gafi y el FMI.

Cuando el Gobierno, todavía durante la pasada administración, supo que Panamá entraría en la lista, pactó un plan de acción con el organismo internacional con miras a fortalecer el marco legal contra el lavado.

A través de la división latinoamericana del Gafi (Gafilat), Panamá presentará en París los avances que ha tenido hasta la fecha en la ejecución de dicho plan.

Representan a Panamá en esta misión el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio Público.

El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, explicó a este diario que se elevarán al pleno los resultados de la reunión cara a cara que mantuvo el Gobierno de Panamá con el Gafilat el pasado mes de enero en Miami.

Representan a Panamá en Francia la Superintendencia de Bancos de Panamá, el Ministerio Público, el MEF y la UAF.

Panamá presentará como avances la reestructuración de la UAF y de la comisión presidencial de alto nivel para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. También conocerá el Gafi las reglamentaciones aprobadas por los reguladores de banca y valores para prohibir en sus sectores el uso de sociedades con acciones al portador si estas no están  inmovilizadas.

Aunque su contenido todavía no se ha completado, Panamá también llevará a París el borrador de la nueva ley contra el lavado de capitales. El texto, que fue revisado por el Gafilat, está circulando entre los gremios empresariales de Panamá que, según De La Guardia, tienen hasta el próximo 25 de febrero para hacer sus comentarios al respecto.

La principal novedad de esta norma es que eleva los niveles de control en una serie de actividades económicas para prevenir el lavado de capitales. Además, crea una unidad dentro del MEF que será la encargada de supervisar el cumplimiento de los estándares en estos sectores. Las superintendencias de bancos, valores y seguros y el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo seguirán haciendo esta labor en sus respectivas áreas.

Bajo la supervisión del MEF quedarán actividades como la construcción, los promotores y corredores de bienes raíces, la Zona Libre de Colón y otras zonas francas, los comerciantes de metales y piedras preciosas, abogados, notarios, contadores, casas de cambio y de empeño, así como los casinos y juegos de azar.

Los controles que se impongan a cada actividad dependerán del nivel de riesgo que conlleve el negocio. “No es igual el control que tiene que tener un banco al que tiene que tener una pequeña casa de empeño”, explicó De La Guardia.

Para determinar las políticas de prevención que se deben aplicar a cada actividad, el Gobierno está elaborando junto con el Banco Interamericano de Desarrollo un plan nacional de riesgo.

“Algunas entidades solamente estarán obligadas a enviar reportes sobre transacciones en efectivo o cuasi efectivo, otras tendrán que tener procesos de cumplimiento, identificar personas políticamente expuestas y hacer una diligencia debida ampliada en función del cliente o de la industria”, añadió.

En algunas situaciones, los controles que ya existen se podrían ver ampliados. Los casinos, que según la norma vigente están obligados a declarar transacciones en efectivo y sospechosas a la Junta de Control de Juegos y la UAF, se podrían ver obligados a establecer oficinas de cumplimiento en función de su tamaño, informó el ministro.

Aunque en la plenaria de esta semana se presente el proyecto de ley antilavado, el Gobierno es consciente de que no será tomado en cuenta hasta que no sea aprobado como ley de la República, algo similar a lo que ocurre con dos proyectos de ley presentados por el Ministerio Público. “Lo único que nos hace falta realmente es que los tres proyectos sean aprobados antes del 30 de abril”, reconoció De La Guardia.

La de febrero es la primera plenaria de las tres que celebra el Gafi anualmente. La segunda será en junio, luego de una nueva reunión en mayo entre Panamá y el Gafilat. En la tercera, que tendrá lugar en octubre, Panamá ya debería haber completado todo el plan de acción, incluyendo la evaluación de riesgos. En ese momento, el país estaría en disposición de solicitar la exclusión de la lista gris.

Además del efecto que tiene para la imagen exterior, el hecho de haber sido señalado como un país con una estructura débil en la lucha contra el blanqueo está teniendo consecuencias para la economía real.

Los bancos de Estados Unidos, por mandato de una dependencia del Departamento del Tesoro, están obligados a hacer una diligencia debida ampliada en el caso de hacer negocios con bancos ubicados en los territorios que figuran en la lista gris. Esta medida dificulta las relaciones de corresponsalía de los bancos panameños, una actividad clave en cualquier transacción internacional. Además, el propio De La Guardia reveló recientemente que empresas panameñas de determinados sectores estaban teniendo dificultades para acceder al sistema financiero estadounidense para hacer transferencias de dinero.

Si Panamá no consigue salir airoso de este proceso, las restricciones podrían acentuarse, afectando otras actividades. Por eso, tanto el Gobierno como gremios empresariales han identificado la inclusión en la lista gris como la principal amenaza para la economía.