Gustavo Pérez confirma existencia de grupo para escuchas

Ronny Rodríguez y William Pittí, ambos exfuncionarios del Consejo de Seguridad Nacional y contra quienes pesa una orden de arresto por delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, operaban una subestructura dentro de ese organismo que solo respondía al Presidente de la República.

Lo anterior se desprende de las declaraciones que dio el 4 de este mes el ex secretario ejecutivo del Consejo Gustavo Pérez al ampliar su indagatoria ante la fiscalía adjunta del Ministerio Público que investiga las interceptaciones telefónicas durante el gobierno anterior, caso por el que está preso en La Gran Joya.

De acuerdo con Pérez, a pesar de que Rodríguez era un oficial de rango menor y su subalterno, no respondía a sus órdenes y se manejaba con un grupo separado.

“Ellos estaban trabajando por sí solos en un grupo, separados, con otras órdenes”, dijo. “Ya había un modus operandi de trabajo entre Ronny Rodríguez y la Presidencia. Muchas veces solicitaba verlo, pero no podía y lo mismo sucedía con el resto de las unidades del Consejo”, detalló Pérez.

Todos los jefes de seguridad –agregó– teníamos que ver con el Presidente, pero Rodríguez y Pittí se quedaban en la Presidencia hasta tarde en la noche, sin directrices mías.

Pérez también reveló que Rodríguez recibía su salario como capitán de la Policía Nacional (PN) y otros 6 mil dólares directamente de la Presidencia, y que fue ascendido a subcomisionado en la gestión de Julio Moltó al frente de la PN.

GRUPO FIJABA OBJETIVOS

Al ser preguntado sobre las órdenes para seguir a empresarios, políticos y periodistas –que según un funcionario del Consejo de Seguridad interrogado por la fiscalía eran transmitidas por Rodríguez al jefe de grupo y luego a la jefa de Inteligencia, Carmen Salinas, alias La Profe–, Pérez respondió “desconozco”.

Y con esa misma palabra respondió a preguntas relacionadas con las declaraciones de dicho funcionario, según las cuales entre los objetivos de seguimientos y escuchas estaban el empresario Roberto Eisenmann, la ambientalista Raiza Banfield, los miembros del Partido Revolucionario Democrático Benicio Robinson, Zulay Rodríguez, Ernesto Pérez Balladares, Balbina Herrera, Mitchell Doens, Juan Carlos Navarro y Roberto Velásquez; así  como los dirigentes del Suntracs Genaro López y Saúl Méndez; la dirigente magisterial Yadira Pino; y la cacica Silvia Carrera.

Pérez también negó tener conocimiento sobre lo afirmado por el funcionario en cuanto a que los audios y videos producto de los seguimientos eran entregados a la Presidencia en informes, que, más tarde, salían divulgados en noticieros de radio y televisión, en periódicos y redes sociales, en campañas de desprestigio contra las personas objeto de la vigilancia.

Aunque Pérez afirmó desconocer la existencia de estas prácticas, dijo que se trató de labores clandestinas en las que debieron participar varias personas.

Indicó que su teléfono estaba intervenido porque no era “sujeto de confianza”, razón por la cual renunció varias veces hasta que finalmente fue enviado al viceministerio de Gobierno.

Pese a que la fiscalía tiene el registro de su firma, Pérez insistió en que nunca firmó el contrato por $13 millones para comprar uno de los equipos utilizado en las escuchas telefónicas.

A su juicio, en el gobierno anterior existía un gran negociado con la compra de estos equipos, ya que a su despacho llegaban cientos de peticiones y recomendaciones para la adquisición de equipos, pero nunca participó en esas negociaciones.

Interrogado sobre una serie de documentos encontrados en una caja fuerte en su oficina de Panamá Ports, admitió la existencia de informes inherentes a operaciones de seguimiento a narcotraficantes que, sin embargo, nunca consideró como importantes, porque “todo lo pasaba a la Dirección de Investigación Policial (DIP)”.

Aclaró, al mismo tiempo, que las anotaciones manuscritas al reverso de esos documentos, con fechas y detalles, no le  pertenecen.

 

PIDE CASA POR CÁRCEL

Al final, Pérez solicitó al Ministerio Público que le otorgue una medida cautelar de casa por cárcel, ya que dentro de la cárcel La Gran Joya hay narcotraficantes y delincuentes que lo amenazan.

Aseguró que sufre de hipertensión arterial crónica, que debe ser tratada por especialistas, y de claustrofobia, por la que toma medicamentos.

A la vez, opinó que por tratarse de un “reo de alto perfil”, ya que fue director de la Policía Nacional, y debido a que intenta apoyar al Ministerio Público en la investigación de los pinchazos, su seguridad está en peligro, ya que sería muy fácil que atentaran contra él.