Los directores de la era Martinelli
“Las pruebas han sido evidentes, han demostrado la participación directa de exfuncionarios del Consejo de Seguridad. (…) Estamos hablando de exfuncionarios y exsecretarios ejecutivos que estuvieron durante ese período”, destacó Aguilar.
El período que menciona el fiscal es el que les compete a los cinco funcionarios que estuvieron al frente del Consejo de Seguridad, en los cinco años de gestión del expresidente Ricardo Martinelli.
El primero de ellos en ocupar el cargo de director de la entidad fue Jaime Trujillo, entre julio y agosto de 2009. Lo sucedieron Olmedo Alfaro (agosto de 2009 – julio de 2010); Julio Moltó (julio de 2010 – marzo de 2012), Gustavo Pérez (marzo – septiembre de 2012) y Alejandro Garúz (septiembre 2012 – julio 2014).
La designación de Trujillo se dio a mediados de mayo de 2009. El primer director del Consejo de Seguridad de la era Martinelli llegaba a la institución después de ser jefe de seguridad de la cadena de supermercados 99, propiedad del exmandatario, y de 18 años en el área de seguridad privada. Es egresado de la Academia de Carabineros de Chile.
En la primera llamada, atendió una persona que parecía no ser el exfuncionario y con tono confuso dijo que el número telefónico estaba equivocado. Luego consultó si se quería hablar con el Sr. Jaime Trujillo y colgó la llamada. Después dejó de responder.
En septiembre de 2009, dos meses después de la asunción de Martinelli, Trujillo cambiaría de institución con Olmedo Alfaro, hasta entonces director del Servicio de Protección Institucional (SPI).
En los 10 meses que estuvo al frente del Consejo de Seguridad, cuenta Alfaro que nunca se habló de adquirir una máquina pinchadora.
Igualmente, antes de presentar su renuncia en julio de 2010 para dedicarse a su antiguo cargo de administrador de la Agencia de Panamá Pacífico (APP), redactó un memorándum para oficiales del consejo, que en su punto cinco advertía que “solamente se pueden dar intervenciones telefónicas por medio de resoluciones judiciales”.
“Yo renuncié. Dejé por escrito formalmente y firmados los documentos de prohibición de escuchas. (…) Nunca me enteré ni supe que se estaba comprando un equipo especial”, dice.
Cuenta que durante su gestión se hizo una fiscalía especial especializada en crimen organizado, el blanqueo de capitales y pandillerismo, que “se encargaba de tramitar con los jueces las órdenes para proceder. (…) Una vez que teníamos esa orden por escrito, pues las telefónicas se volvían un ente cooperante”.