Presidentes a la cárcel
La mal llamada “clase política” (ni es política ni tiene clase) no acepta que el principal obstáculo al mejoramiento de Panamá es la corrupción. Por su rapacidad y su precaria formación (dan vergüenza cada vez que abren la boca), por su ineptitud y su codicia, quienes mal dirigen los destinos del país piensan que lo pueden seguir mangoneando de acuerdo con los burdos esquemas de saqueo y cleptocracia heredados de la dictadura militar y el antiguo régimen.
No solo se equivocan, sino que por el control que ejercen sobre el sistema político nos condenan al empobrecimiento y el atraso. Urge un nuevo modelo basado en la transparencia, el civismo y la creatividad, como lo expone un análisis confidencial de nuestra actualidad al que tuve acceso en días pasados:
“Una economía basada casi únicamente en el sector terciario plagado de escándalos de corrupción, políticos inescrupulosos y corruptos en permanente sucesión y la calidad de vida cada vez más empobrecida para el ciudadano medio reclaman una nueva forma de liderazgo político en Panamá”.
El nuevo liderazgo debe estar comprometido con la justicia, el Estado de derecho y la lucha contra la corrupción, valores que deben orientar toda la acción en la esfera pública. No solo basta con fingir adhesión a los preceptos señalados: es necesario dar pruebas fehacientes de auténtico compromiso con ellos.
De otra manera el resto del mundo, del cual dependemos para nuestra supervivencia, jamás nos tomará en serio. Como escribió Diego Quijano en la más reciente edición de la Revista K: “Si nunca hemos condenado a un pez gordo, si hemos sido pésimos colaboradores en materia judicial internacional y si de acuerdo al Reporte de Competitividad Global 2015-2016 del Foro Económico Mundial, nuestro sistema judicial ocupa la posición número 119 de 140 en términos de independencia, con Haití y Sierra Leona arriba, y Albania y Myanmar debajo como competidores, ¿con qué cara decimos que aquí defendemos el debido proceso?”.
Una buena señal para demostrar seriedad en la lucha contra la corrupción es el procesamiento judicial de los presidentes ladrones que hemos padecido desde el régimen castrense. Para justificar su existencia y presupuesto, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) debe elaborar el informe que nunca se ha escrito –el de los atracos perpetrados por los presidentes panameños– y remitir las evidencias recabadas al Ministerio Público para la judicialización de los sujetos involucrados.
Hay que comenzar con los presidentes desechables de la dictadura, quienes en democracia han logrado pasar agachados a pesar de sus desfalcos y complicidad con la sistemática violación a los derechos humanos de los panameños. Desde 1968 hasta 1989 transitaron por el Palacio de las Garzas cazafortunas, logreros y ególatras, sujetos ambiciosos con gulas de toda índole, cuyo común denominador era el servilismo a los gorilas, sus ansias de figuración y su apetito por el dinero.
Gracias a la falta de justicia y el predominio de la corrupción como valor superior del Panamá democrático, consiguieron reciclarse tras la invasión. Nadie se acuerda ya de las miserias económicas que vivían antes de convertirse en presidentes “a dedo”, como tampoco de los tesoros mal habidos que los catapultaron a una vida de ricos y famosos.
El caso emblemático es el del académico de la lengua quien, paradójicamente, enmudeció cuando un dictador lo echó de la Presidencia, no se sabe si por atoramiento o por el empacho sibarítico que sufrió luego de cuatro años de codiciosa sumisión a los jenízaros. En tiempos en que en España no se perdonan deslices ni a la familia del rey, hay que cuestionar el desatino de la Real Academia en reconocerle la calidad de académico correspondiente a un individuo que, además de nunca haber escrito nada que valga la pena, usó la influencia que le daba el ejercicio de su cargo decorativo para acumular sumas millonarias.
Este y sus compinches presidentes, los de la dictadura y los de la democracia, han hecho un daño enorme con sus robos y latrocinios. Nadie, ni aquí ni en el exterior, tendrá respeto por el Estado panameño mientras no se castigue el saqueo a las arcas estatales perpetrado por quienes han sido presidentes por los votos y por las botas.