Fracaso de la educación pública
El fracaso de la educación pública en Panamá es evidente. Escuelas con pésima infraestructura, currículos anticuados, malversación de fondos, etc. La mayoría de las personas entiende este fracaso, sin embargo, no logra comprender su origen ni la verdadera razón de esto. El origen se puede identificar en una sola institución: el Estado. Y es que, como afirmara el economista argentino Alberto Benegas Lynch, la expresión “educación pública” es engañosa. Realmente debemos referirnos a esta como educación estatal. Solo identificando al Estado, que representa el monopolio de la fuerza, lograremos comprender las razones del fracaso de la educación que ofrece, y también se lograrán reformas que mejoren el sistema educativo.
Identificar el culpable del fracaso institucional educativo es importante, porque incluso en las instituciones educativas privadas se ve la mano del leviatán: currículos escolares impuestos por el Ministerio de Educación, licencias ocupacionales para profesores, limitación de materias, burocratización de procesos y requerimientos, entre otras.
La realidad es que nuestro sistema educativo posee todas las características institucionales de un sistema fascista: la propiedad privada es registrada por personas privadas, pero es el Estado quien determina el uso y regulación de esa propiedad. Necesariamente, se dilapidan recursos que son escasos, mientras que las necesidades son infinitas. Esto crea pobreza.
La política no debe interferir en tan delicado tema como la educación. Como todas las personas son únicas y diferentes, los programas educacionales deben adaptarse de forma que satisfagan las necesidades únicas de cada persona. La forma dimensional requiere competencia entre las instituciones académicas. Así, los currículos, materias y otros elementos deben ser reformados y adaptados de manera espontánea, es decir, a raíz de la acción humana, mas no a través del designio humano. Ejemplos tenemos en otros ámbitos, como los idiomas, el origen del dinero, etc. La cura para los fracasos en nuestro sistema pasa por la descentralización y competencia, y no a través del poder político que impone mandatos de forma vertical, basándose en autoridad más no en lo que realmente funciona, que son las acciones voluntarias.
Entre los argumentos de aquellos que defienden un rol activo del Estado en la educación están los siguientes: primero, que es un bien público; segundo, que la educación pública es necesaria para otorgar “igualdad de oportunidades”; y tercero, que es un “derecho” que el Estado debe hacer valer. El primer argumento resulta ser una falsedad porque hay muchas instituciones académicas de índole e iniciativa privada que proveen ese servicio. Sobre la “igualdad de oportunidades”, en un principio parece ser un argumento bastante atractivo, pero es incompatible con la “igualdad ante la ley” y los principios de una sociedad abierta. La sociedad abierta debe proveer oportunidades para sus ciudadanos, pero esas oportunidades no tienen que ser iguales. Si un ciclista novato debe tener la misma oportunidad que uno profesional, entonces, mediante la coerción estatal se estaría infringiendo los derechos de este último. Es importantísimo diferenciar entre desigualdad, pobreza y justicia. En cuanto a la educación como un derecho, también es algo peligroso. Un derecho implica una “obligación” y nadie debe ser obligado a algo sin su previa voluntad.
Es de suma importancia comprender que la educación es esencial para el progreso y desarrollo social. Las reformas que incentiven la competencia, descentralización y que permitan la libre elección individual impulsan dicho progreso. Ejemplos históricos abundan, como es el caso de Atenas en la vieja Grecia, el antiguo mundo árabe con sus aportes en geometría, álgebra, medicina, etc., y hoy día mediante la educación virtual a través de internet, que permite educación sin fronteras. Es hora de que nuestro sistema responda a las necesidades de la sociedad y no a intereses políticos y autoritarios.