En defensa de los derechos humanos
El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH) constituye el único mecanismo institucional que a nivel regional realiza, de forma permanente, una labor de promoción, observancia, defensa y garantía de los derechos humanos.
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana (Corte IDH) -los dos órganos del Sistema- han puesto en funcionamiento un andamiaje jurídico que, pese a las discrepancias políticas e ideológicas propias de la zona, ha supuesto un avance significativo en la consecución de justicia más allá de la esfera estatal, en la lucha contra la impunidad y en el establecimiento de estándares mínimos de derechos humanos, con especial atención a aquellos segmentos más vulnerables de la sociedad (pueblos indígenas, grupos afrodescendientes, mujeres, migrantes y refugiados, entre otros).
A pesar de lo anterior, la Comisión Interamericana vive en estos momentos una preocupante crisis financiera, misma que pone en entredicho la continuidad de su mandato en todo el continente. La inminente pérdida de casi la mitad de su personal, la suspensión de audiencias o de visitas in loco son solo algunas de las consecuencias inmediatas de esta grave situación.
El presupuesto de la CIDH para el año 2015 es de 9 millones de dólares, de los que 5 millones provienen del fondo regular de la OEA (lo que representa solo el 6% del presupuesto anual de este organismo), y 4 millones, de contribuciones voluntarias de Estados miembros, organismos internacionales y otros. Esta realidad contrasta con los 100 millones de euros (unos 112 millones 400 mil dólares) con los que cuenta en el presente año el Consejo de Europa para la promoción y protección de derechos humanos.
El presupuesto del Sistema Interamericano no solo languidece frente al de este organismo europeo, sino también ante el de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (27 millones de dólares anuales) o el del Sistema Africano de Derechos Humanos (13 millones de dólares anuales).
En un continente que históricamente se ha visto asolado por sistemáticas violaciones de derechos humanos y que aún en la actualidad se enfrenta a grandes retos en este tema, la labor de los organismos del Sistema se hace cada vez más imprescindible. Como muestra de esta afirmación, basta con comprobar el valioso trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la CIDH, que ha jugado un rol trascendental en la investigación del caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en septiembre de 2014 en Ayotzinapa, estado de Guerrero, México (el informe que presentó arrojó una serie de conclusiones que contradicen la versión oficial de la Procuraduría General mexicana).
Por otro lado, la Corte Interamericana, por medio de su jurisprudencia, ha realizado aportes fundamentales en cuanto al entendimiento y reformulación de los derechos humanos en nuestra región: desde la evolución de los conceptos de reparación del daño, el derecho a la verdad o desaparición forzada, hasta el sorprendente desarrollo de la doctrina del control difuso de convencionalidad. Sus fallos se han inclinado hacia la protección del ser humano y la progresiva construcción de un derecho común interamericano en lo relativo a estos derechos.
Los problemas financieros de la CIDH y, por tanto, del Sistema Interamericano, revelan una crisis mucho más profunda: nos permite constatar la falta de compromiso real de los Estados americanos por garantizar a sus nacionales un acceso efectivo a una justicia internacional en materia de derechos humanos.
Empero, como región, no podemos permitir que se ponga en riesgo la existencia y operatividad de un Sistema que, a pesar de sus limitaciones y falencias, representa indudablemente una garantía para todas aquellas personas o grupos a los que el Estado les ha fallado, ya sea conculcándoles o desconociéndoles derechos, o directamente negándoles la posibilidad de acceder a la justicia.
Tenemos la responsabilidad y oportunidad histórica de apostar, como Estado, por el fortalecimiento económico y logístico de los mecanismos de defensa de derechos humanos con los que contamos a nivel hemisférico.