La Asamblea Nacional:

El año 2016 no comenzó bien. Inició con muy malos olores en el Órgano Judicial. La reelección de José Ayú Prado como presidente de la Corte Suprema reverdeció las quejas de la mala administración de justicia que existe y el triste papel que la Asamblea Nacional ha jugado en analizar los casos que existen en contra de los magistrados, irónicamente sus propios jueces, cuando cometen un desliz. Como dirían, ‘entre bomberos no se pisan las mangueras '.

El complicado año se enreda al inicio de abril con lo que podría decirse que el Órgano Ejecutivo no aplicó aquello de que ‘en guerra avisada no muere soldado '. Ya vemos todos los líos internos y externos que están causando los negativamente famosos y mal llamados Panama Papers. Un mes después explota el caso Waked, cogiendo de sorpresa a todo el mundo en Panamá.

Mientras todo esto ocurre en el Judicial y en el Ejecutivo, el Legislativo ni siquiera abre su boca. Como si no fuera con ellos. Bueno, un diputado tico sí se ocupó de ‘los platos rotos ' del primer escándalo, cuando aquí nadie dijo ni pío. Lo único que pareciera interesar a los del patio es quién ocupará la Presidencia de la Asamblea el próximo 1 de julio y cómo se reparten ese gran pastel del que la ciudadanía poco conocimiento tiene.

Sería interesante que la Contraloría mande a un buen grupo de auditores a ver lo que pasa y ha pasado por los lares del Palacio Legislativo Justo Arosemena. El mismo que durante los 32 años del actual sistema legislativo (la primera Asamblea, tal como existe ahora, data de 1984, donde fui uno de sus integrantes).

¿Cuántos vehículos se han y se siguen exonerando a diputados y sus suplentes, que terminan en autos lujosos en manos de personas que simplemente no quieren pagar impuestos de introducción? ¿Cuántas de las personas que están dentro de las planillas de los diputados realmente trabajan? ¿O los trabajadores de la Asamblea?, que si todos llegan a laborar el mismo día, tendrían que sentarse sobre los demás, porque no hay espacio físico para tantos. ¿Cuántos a ciencia cierta son los diputados involucrados en delitos relacionados con drogas u otros delitos?

La Asamblea ha sido en estos 32 años un barril sin fondo de corrupción y desgreño. Los presidentes de la misma han recibido el doble de emolumentos que los que reciben los demás: B/14 000 al mes. Disponen de una planilla que bien podría ser mensual de 300 000 balboas en nombramientos o que algunos ya estiman en un millón mensual, que reparten entre los suyos y los demás, en muchos casos que ni siquiera laboran.

Recientemente se supo que la planilla legislativa aumentó considerablemente, quizá para apoyar candidaturas presidenciales en 2019. En una ocasión, un presidente de la Asamblea (ya fallecido) ordenó la expedición de un cheque por B/800 000 para construir un edificio, y el cheque se cobró, pero ni siquiera se puso una primera piedra al mismo. En el segundo periodo democrático se pagaron campañas políticas desde la Asamblea y muchos vehículos oficiales desaparecieron. En el tercer periodo democrático hasta los secretarios generales provinciales de al menos dos partidos políticos tenían salarios mensuales de B/750 pagados en la planilla legislativa. En una ocasión, fondos del fenecido FIS, partidas circuitales de 27 diputados, a razón de B/10 000 por cabeza, sirvieron para remodelar el Colegio Nacional de Abogados, una entidad eminentemente privada.

En la Asamblea no ha habido control ni nadie que lo ejerza, quizá porque la Contraloría General de la República, al menos presupuestariamente, depende de la Asamblea Nacional. A los suplentes, no al menos en los dos periodos de los que fui parte, les dan B/2000 al mes, algo ilegal, porque a nadie en el Estado se le debe pagar si no tiene una función específica que desempeñar. La Asamblea ha sido el refugio de gente de muchos partidos y no existen informes técnicos de cuál es la cantidad de personal que dicho órgano del Estado debería tener, a pesar de que diversos organismos internacionales han patrocinado programas para mejorar la calidad de la función legislativa.

Es este el país que hemos construido y en el que sus instituciones están próximas a colapsar. El mismo país donde ahora, frente al escándalo de los Panama Papers y el caso Waked, nos pide el presidente Varela que defendamos, pero donde tenemos pendientes muchas tareas que realizar. Tantas que, si no nos apuramos, no sería de extrañar que próximamente tengamos a un Chávez de presidente.

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