Juzgados de injusticia
Cuando los ciudadanos acudimos a los juzgados o tribunales de justicia lo hacemos convencidos de que es el ente competente para solucionar cualquier situación legal pendiente o trámites legales que nos permitan poner en orden propiedades, instancias familiares u otras. Pues, es un órgano público en el que se resuelven litigios bajo su jurisdicción, a través de sentencias fundamentadas en una ‘justicia real, objetiva, eficiente y eficaz '.
Sin embargo, en nuestro país, resulta decepcionante constatar que ese lugar idóneo para encontrar ‘justicia plena ', se torna un fatídico escenario de injusticias, desatinos, incompetencias e indiferencias enmascaradas tras la trillada excusa del error humano. Cuando esas experiencia absurdas e imperecederas son vivenciadas, añoramos ante nuestra impotencia, tener apellidos influyentes, de aquellos que los funcionarios con solo escucharlos, rinden tributos de respuestas y soluciones inmediatas.
La situación recrudece cuando los funcionarios de los juzgados no tienen capacidad de respuestas o peor aún, sus desatinos empeoran la situación. Tal como ocurre en el Juzgado 1° Municipal Civil de Colón, cuando la transcripción de unos expedientes de sucesión testamentaria realizada, supuestamente, por el mensajero de dicha instancia que en ocasiones hace las veces de transcriptor o viceversa, ha dejado una secuela de errores, denotando un servicio judicial chapucero que ha motivado por segunda ocasión el rechazo de las correspondientes escrituras por parte del Registro Público. Dicha instancia, lo ha considerado en ambas ocasiones imperfecto o defectuoso.
Estas incongruencias judiciales impactan emocional y económicamente a quien solicita el servicio, toda vez, que el proceso para el auto de corrección toma aproximadamente dos años, cada vez que dicho documento pasa por la Notaría Segunda acarrea un costo de B/. 90.00; costes de paz y salvo, timbres fiscales (B/. 8.00) por página y costos de reingreso al Registro Público (B/. 10.00) por documento. Cuantas veces el Registro Público rechaza escrituras por defectuosa, se repite la misma ecuación. ¡Realmente, un mendrugo judicial indigerible! Al menos dos veces, la experiencia propia, ha repetido esta nefasta ecuación, ante lo que se ha dado por denotar a modo indulgente como un simple error humano.
Lamentablemente, detrás de muchos errores humanos, en ocasiones, subyacen posturas egoístas y negligentes deliberadas, producto de factores motivacionales o de la organización institucional, al grado que terminan convirtiéndose en violaciones de derechos a terceros. Es entonces cuando, paradójicamente, los errores humanos de servidores públicos judiciales transforman la justicia en injusticia.
En suma, sin pretender mancillar la integridad de nadie, es importante que se enciendan las alarmas y se tomen los correctivos, pues un servidor público brinda un servicio de utilidad social, por lo que tiene y debe beneficiar de manera honesta, íntegra, eficiente y eficaz a todos los ciudadanos, más allá de generar ganancias privadas o ajenas a las percibidas como salario por el trabajo realizado. De hecho, con la complicidad de todos, el clientelismo político, el nepotismo y la corrupción han introducido en nuestras entidades públicas el germen de la ineptitud e incompetencia de algunos funcionarios, como producto de una democracia malsana.