El laberinto descubierto por ‘los papeles’

Transcurrido un mes exacto del día cuando la OCDE nos calificó como la última trinchera protectora de artimañas para evadir sus impuestos europeos, el tema todavía se discute afanosamente en los círculos oficiales y financieros dentro y fuera del país. El tema, que reverberó en los ambientes más insospechados, apenas principia. Se ha anunciado que en cinco días se difundirá por Internet, para quienes quieran verlos, los 11.5 millones de documentos obtenidos subrepticiamente del ahora mundialmente famosísimo bufete panameño.

Se pone sobre el tapete un aspecto harto conocido sobre la plataforma de servicios que ha caracterizado nuestra política económica desde principios de la República cuando se dice fue alentada, con doble intención, por un prominente abogado de un prominente bufete neoyorkino. Es historia pasada; lo reciente es que nuestra plataforma es querellada por ser primordialmente usada y abusada en perjuicio de la recaudación de impuestos pertenecientes a países del Viejo Continente, recursos necesarios para financiar sus programas sociales y posiblemente aliviar la pesada carga tributaria sobre sus contribuyentes no evasores.

Muchos conceptos legales, financieros y bancarios se han manejado y debatido alrededor del tema en estos treinta días pasados; pero ciento que, si se tratan con alguna ligereza, pueden dejar en el ambiente una dosis innecesaria de confusión porque son términos y conceptos muy técnicos, propios de las profesiones involucradas. Por mencionar algunos: paraíso fiscal, confidencialidad bancaria, sociedades y bancos ‘offshore ', opacidad, evasión, delito fiscal o penal, ‘due diligence ', fundaciones, FATCA, suscriptores, directores, beneficiario final, agente residente, lavado de dinero, impuesto territorial, acuerdo bilateral o multilateral. ¿Somos un paraíso fiscal porque no gravamos rentas extraterritoriales? ¿Y si las graváramos con 1 %? ¿2 %? ¿3? ¿4?

Creo que la gente no tiene claro qué enfrentamos ni a quienes; ni cuál es el legítimo interés nacional a defender. Nos limitamos a acusar los ‘hackeos ' ilegales o a empleados de confianza desleales; puede que así sea, pero sin olvidar que el Servicio de Rentas Internas de EE.UU. giró un cheque por US$104 000 000.00 a un exbanquero que, bajo FATCA, reveló prácticas ilegales del banco donde trabajó, aviso que permitió al fisco estadounidense imponer una descomunal multa al banco denunciado y recobrar los impuestos evadidos. Es evidente que el nuestro es un problema que trasciende las prácticas inseguras de un bufete; ellas solo facilitaron el descubrimiento.

Entonces nos enfrentamos a países que han tomado nota de la magnitud de los ingresos tributarios perdidos vía la opacidad de sociedades y bancos ‘offshore ', pero que, al mismo tiempo, son acusados de mantener altas tasas inverosímiles de imposición que impulsan a sus contribuyentes a refugiarse en paraísos fiscales que ellos mismos combaten. La OCDE no es un organismo formal, pero es asesor directo del G20 y este desde hace buen tiempo viene concentrando su atención en los problemas del secreto bancario, la evasión tributaria y los paraísos fiscales.

Últimamente esos países del G20 han decidido actuar armónicamente con más energía, siguiendo el ejemplo del FATCA. El dilema de Panamá no está en la patética sugerencia de retorsión contra Francia o prohibir el paso por el canal de barcos alemanes o italianos o españoles, etcétera; está en enfrentar con autenticidad y juicio el mundo de hoy, que no es el Panamá inocentón e incauto de principios del siglo pasado.

Difícil desafío que enfrenta el Comité ad honórem de Expertos recién nombrado por el Ejecutivo para sugerir vías que nos permitan salir del entuerto de manera satisfactoria para todos. Los ‘Papeles ' son un laberinto, porque conocimos la entrada, pero el sendero no está alumbrado. No sabemos por donde está la salida.