Defensoría: ¡ungido no!
La elección del próximo defensor o defensora del Pueblo por parte de la Asamblea Nacional puede exponer algunos vicios de nuestro sistema político, si no se advierten los errores en que podrán incurrir los ‘padres' y ‘madres' de la Patria y se evita una contradicción fundamental con los principios democráticos, tanto del Órgano Legislativo como de la Ley 7 de 1997 que crea la Defensoría del Pueblo.
De la Ley 7 de 5 de febrero de 1997, cito el Artículo 13 del Capítulo II sobre Incompatibilidades y Prerrogativas: ‘El ejercicio del cargo de Defensor o Defensora del Pueblo es incompatible con la filiación partidista y con el desempeño de cualquier otra actividad político-partidista profesional o comercial, ya sea remunerada o no remunerada…'.
La Defensoría del Pueblo es el instrumento más idóneo (si no el único) de la sociedad, específicamente de las grandes mayorías, para protegerse de las arbitrariedades del poder y la desigualdad social y es el arma democrática por excelencia de los sectores menos favorecidos en su permanente bregar.
Los sectores mayoritarios deben defenderse del hegemonismo que se abate sobre ellos en nombre del neoliberalismo, las empresas transnacionales, las élites bancarias, el cambio climático, el sistema anacrónico de salud, la burocracia, la injusticia, la corrupción y la falta de diligencia oficial.
Por esa razón, la Defensoría del Pueblo debe administrarse con total independencia de los poderes estatales, gubernamentales e institucionales que la rodean y tratan de ahogarla y descarrilarla para que no cumpla sus objetivos en bien de la sociedad.
La Defensoría es una ventana abierta, un cauce, a la democracia. Sin ella, la sociedad se convierte en una olla de presión que pronto podría estallar en una revolución social. Por ese motivo, es sabia la Ley 7 que enfatiza la independencia de la Defensoría, así como el Artículo 13 que hace incompatible con el cargo de defensor cualquier filiación partidista o el desempeño de toda actividad político-partidista.
En efecto, ¿qué independencia frente al Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial, o ante su propio gremio, tendrá un defensor que llegó al cargo por ser miembro de un partido político, por ser funcionario en el actual Gobierno o el anterior, por haber sido testaferro, colaborador o consejero de diputados y caciques políticos?
Nada más hay que leer o escuchar los medios de comunicación para percatarse que ya la opinión pública percibe que los conspiradores de siempre ya tienen un ungido. Y, aunque sean creíbles las negativas de algunos voceros de los partidos políticos, el pueblo percibe que El Ungido (no es novela de Semana Santa) será coronado y eso es lo que cuenta (‘¡Vox Populi, Vox Dei!'). ¡Gana la Partidocracia, pierde el Pueblo!
De poco vale el Artículo 13, si el Artículo 14 le abre una puerta de escape a un posible infractor: ‘A los treinta días de su nombramiento, el titular de la Defensoría del Pueblo tendrá que haber cesado en toda situación de incompatibilidad, presumiéndose, en caso contrario, que renuncia tácitamente al cargo'.
Lindo, ¿no es cierto? Puedo ser miembro de un partido y, aunque toda la vida haya hecho carrera (y chupado) bajo esa tolda, basta con que me nombren defensor, porque antes de los 30 días oprimo la tecla ‘delete' o cancelar y ¡zas!, a la papelera. Total, en 30 días a nadie se le olvidan las lealtades, los favores ni todas las golosinas de la Partidocracia.
Nadie que no sea un tonto deja de pertenecer al ‘Establishment' en 30 días. Tan es así que un banco local tiene un número de teléfono para aquellos clientes que cierran sus cuentas, pero quieren permanecer leales al banco: se le conoce como ‘el número de la lealtad'.
El Artículo 14 debilita, daña, el Artículo 13 e introduce una contradicción que raya en la inconstitucionalidad.
Si, encima de que se nos cuele El Ungido, tomamos en cuenta que las opiniones del defensor no son obligatorias —especialmente si afectan mi relación con mis electores (patrones)— me pregunto: ¿qué clase de independencia tendrá El Ungido? ¿Para qué crear una Defensoría del Pueblo venida a menos y rebajada desde su cuna? ¡Mucho dinero para un simple ‘Buzón de Quejas'!
Aunque sea la única vez, debe permitirse a los diputados elegir conforme a su conciencia al próximo defensor del Pueblo y eximírseles de su obediencia al partido para salvar el último bastión de la democracia popular.