Reformas electorales?

Mientras sigamos viviendo la mentira de que el financiamiento público es la solución al problema de las campañas políticas, se seguirá jugando y gastando el dinero del Estado. Los topes de campañas aplican a ciertas situaciones teóricas, pero en la práctica, por disposición legal, hay que darle un porcentaje del presupuesto a los partidos políticos que siguen viviendo del erario y de los impuestos que nos toca pagar. Hoy se habla de 100 millones.

La Corte Suprema tiene durmiendo una demanda de inconstitucionalidad que presenté años atrás, más por miedo político que por discrepancias jurídicas, en donde señalé que el artículo 141 de la Constitución estaba siendo violado por el contenido del primer párrafo del artículo 182 del Código Electoral, que dice ‘y un financiamiento electoral posterior a las elecciones de la siguiente forma', y por el acápite B, que señala que el saldo de lo que quede del financiamiento público será repartido entre partidos subsistente y candidatos de libre postulación electos.

Fuera de que es una aberración jurídica, extender el contenido del artículo de la Constitución a más allá del periodo electoral, como lo es financiar la vida de los partidos políticos, así como su funcionamiento, se convierte en inmoral, por cuanto a los de libre postulación les hacen entrega de un dinero como si se tratara de un premio, por resultar electos. Ojalá la CSJ, en un acto de irreverencia frente al poder político, termine con este relajo, pues la norma es clara, al señalar que el Estado podrá financiar y contribuir a los gastos que se incurran en los procesos electorales. NO a los gastos después de los procesos electorales.

¿Se imaginan cuántas peleas se ahorrarán los partidos al no existir subsistido o financiamiento postelectoral? Como no hay plata, a la gente no le interesa, y quedan los verdaderos preocupados por sus partidos, que salen a buscar y convencer en base a la ideología, los principios y visión del partido, más allá del nombramiento con cargo a un financiamiento público.

Ojalá discutieran esto, así como la escolaridad que deben tener nuestros diputados, alcaldes, representantes y presidente, ¿por qué no? Ya que las normas de dar cabida a todos por igual son antiguas, donde no había escuelas en pueblos lejanos, el acceso a las universidades era privativo de elites. Así se mejoraría la calidad de los diputados y funcionarios. Así mismo que discutan permitir la creación de partidos provinciales, donde postulen a sus propias autoridades y no depender de los partidos nacionales.

El dinero sucio siempre va a entrar a las campañas, decir que con una ley se arregla todo es mentira, pues, si fuera así, no hubiese pobreza ni homicidios ni robos al erario. Usted le puede poner tope a la campaña a nivel de publicidad, pero nadie regula el efectivo que circula los días antes y el día de la elección, en sobres dejados de bajo de las puertas, en cédulas compradas. El que ha estado en campaña sabe que ese día debe tener una cantidad grande de dinero en efectivo y sobre ese no hay un control real.

Mejoren la calidad e intelectualidad del candidato, con requisitos puntuales y verán que no le será fácil al financista de campaña entrar con dinero productos de actividades ilícitas. Mientras, seguiremos con la misma jeringa, tratando de legislar con adornos y parafernalias propias de un carnaval el tema electoral.