Una propuesta a la Asamblea
En días recientes, el 27 de enero del año que transcurre, el diario La Prensa publicó la noticia: “Presentan ley para exonerar de impuesto sobre la renta el pago de estudios universitarios”, relacionada con un anteproyecto de ley 115, presentado por un grupo de diputados de la Asamblea Nacional de distintos partidos políticos, con el propósito de que los costos de la matrícula de la educación superior pudieran ser deducibles del impuesto sobre la renta que pagamos los panameños.
En el escrito no está muy claro si se refiere al pago de la matrícula en todas las universidades panameñas, oficiales y particulares o si solo es aplicable a las oficiales. Siendo optimista, quiero pensar que esta propuesta de ley pretende contribuir a que todos los jóvenes panameños y los que no lo sean, pero que residan en el país, puedan estudiar carreras universitarias, sin costo alguno para sus padres o para quienes los apoyen económicamente en sus estudios.
Sin embargo, lo que no dice la noticia es si se ha tomado en cuenta que más del 70% de los estudiantes que ingresan a las universidades oficiales al menos es así en el caso de la Universidad de Panamá proviene de hogares con ingresos de entre 600 y 700 dólares mensuales. Ello significa que sus familiares no pagan el impuesto sobre la renta y, por lo tanto, no serían beneficiados con la ley. De forma que esta solo favorecería a aquellos provenientes de hogares con ingresos mayores y que sí pagan el impuesto sobre la renta.
Entiendo que esta propuesta de ley que aplaudo en principio busca que la educación sea gratuita en los distintos niveles para todos los ciudadanos y propone que “los contribuyentes que pagan matrículas, mensualidades y demás gastos para sus hijos menores, los mayores bajo su tutela, y propios en caso de superación personal, tengan la oportunidad de que estos gastos sean reconocidos y deducibles del impuesto sobre la renta”. Añado yo, para dar contenido al muy utilizado lema de que el mejor recurso de un país es el recurso humano, ofreciendo la real oportunidad de estudiar de forma gratuita y sin limitaciones económicas. Por esto, es importante que se considere a los sectores más necesitados que no pagan impuesto sobre la renta, para una mejor distribución de la riqueza.
Este servidor permanente de la educación superior, le propone a los honorables diputados, aprovechando los importantes ingresos que provendrán del ensanche del Canal de Panamá, que para el nivel superior de educación oficial toda carrera de licenciatura o técnica sea gratuita para todos los panameños, y que el Estado aporte un fondo de al menos $100 mínimo (debería ser mayor) por estudiante y por semestre matriculado en las universidades oficiales, y que dicho fondo se utilice para brindar los apoyos adecuados en alimentación, otros servicios adicionales a los estudiantes, como bibliotecas, equipamiento de aulas y laboratorios con las más avanzadas tecnologías, y para la movilidad académica internacional de los estudiantes, a fin de mejorar la formación de los profesionales que se gradúan.
De acogerse estas ideas, realmente contribuiríamos a la movilidad social de todos los panameños y acrecentaríamos la calidad de los profesionales que formamos en nuestras aulas universitarias.
De no hacerse así, sería un porcentaje bajo de los estudiantes que ingresan a las universidades oficiales, los privilegiados con la ley, según lo señalado en el citado anteproyecto, y ello no es cónsono con el propósito de distribuir mejor la riqueza que generamos con nuestro trabajo. De forma que el mencionado proyecto quedaría sesgado y solo profundizaría las desigualdades sociales. Es el momento de tomar una decisión de verdadera trascendencia nacional por el mejor futuro de nuestra nación.
Concluyo ofreciendo mi modesta experiencia, como profesor universitario con más de 45 años de servicios académicos a la Universidad de Panamá, para participar en la discusión del proyecto que, espero, recoja lo planteado en este breve artículo, y logremos dar una respuesta contundente a la lucha contra la pobreza en los inicios del siglo XXI.