El crimen organizado amenaza a la democracia”
Varios funcionarios públicos de las últimas administraciones gubernamentales, de nivel ministerial de Seguridad, de la Presidencia de la República y de la Asamblea Nacional, han expresado públicamente que el crimen organizado ha penetrado de una manera insidiosa las estructuras del Estado panameño. Lamentablemente, sus declaraciones no han aportado ni nombres ni evidencias de los hechos denunciados, creando expectativas sociales o dando la percepción de encubrimiento, a pesar de las promesas de ‘blindar' toda la estructura pública de los tentáculos del narcotráfico.
Las últimas detenciones de empleados públicos, trasegando drogas en vehículos oficiales o particulares con matrículas pertenecientes a funcionarios de alto nivel, colocan al descubierto la infiltración de organizaciones criminales en sus estructuras. También, posibles ‘alianzas' de corrupción entre el crimen organizado, servidores públicos y empresarios.
Esta situación pone de manifiesto la contradicción en la definición de la real amenaza y los verdaderos riesgos de seguridad en nuestro país. Seguir afirmando que el problema es de pandillas y pandilleros, no tiene ya sostén a la luz de las realidades que emergen de las detenciones y cautelaciones de drogas, armas y dinero, realizadas por las instituciones policiales. Se trata pues, de enfrentar al crimen organizado, que ya no pasa inadvertido en nuestro país y la región.
A pesar de la limitada experiencia de la sociedad frente a este fenómeno, a nadie le resulta difícil comprender la violencia resultante de sus múltiples causas, que perjudican gravemente la convivencia pacífica, el disfrute de los derechos y garantías constitucionales y el arraigo de la Democracia en nuestro país.
En el diagnóstico del problema, Panamá ha identificado los factores críticos a combatir del crimen organizado que nos ha penetrado. En ellos destacan el narcotráfico; el lavado de activos; el trasiego de armas de fuego, entre otros. La guerra contra esas actividades por los gobiernos de México y Colombia, desde el 2006 produjo el progresivo traslado de las mismas a nuestro territorio. Panamá parece estar dando pasos a la mexicanización o colombianización de su criminalidad, con los desastres que ello presagia.
El narcotráfico es el factor determinante detrás del crimen organizado y de gran parte de la violencia que nos afecta. Después de más de dos décadas de lucha contra este flagelo, cabe preguntarse si este delito transnacional representa mayor o menor amenaza para nuestra institucionalidad democrática y si las actividades ilegales conexas causan más o menos daños a la población en términos cuantitativos y cualitativos. Igualmente, si las drogas están hoy más o menos al alcance de la población y si, en definitiva, existe conciencia sobre el perjuicio del consumo de drogas y si ha aumentado significativamente o no.
Junto a estos crecientes fenómenos se identifica, también, la debilidad institucional del Estado para prevenir la delincuencia y la criminalidad común de manera integral. Los agentes causales de la violencia incrementan su capacidad de infiltración, influencia, corrupción y dominio social.
Nuestra sociedad experimenta una alarma generalizada porque la penetración del narcotráfico ha producido oferta y demanda. Y cada vez más, vulnera la economía formal, las instituciones de seguridad, de administración de justicia y procura ‘comprar' al aparato político que da sostén a la vida en democracia. Hoy, se paga con drogas, dinero y armas a los que apoyan a narcotraficantes en nuestro país. También se incrementa el riesgo de que se financien campañas electorales y se instalen funcionarios de elección popular que favorezcan al crimen organizado. A esto apuntan las recientes denuncias de los involucrados.
Nuestras autoridades policiales se esfuerzan y perseveran para evitar, a toda costa, que toneladas de drogas sean trasegadas a través de nuestros espacios territoriales. Desde esta perspectiva, a partir del 2008 Panamá ha fortalecido la persecución del crimen organizado, mientras se procura articular una estrategia de prevención de la violencia y la delincuencia en el país.
La Policía Nacional realiza ingentes esfuerzos de lucha frontal al crimen organizado y la criminalidad. Ha tenido importantes avances, particularmente, en la represión y persecución de delincuentes, aún con mucho por hacer. También por parte del Servicio Nacional Aeronaval y del Servicio Nacional de Fronteras, que exhiben importantes éxitos en sus misiones de seguridad nacional, detención de criminales y cautelación de drogas.
El escenario actual, reclama una visión integral, dada la evidente fortaleza del crimen organizado movilizado hacia nuestro país. Ello presupone fortalecer la inteligencia policial, su presencia comunitaria efectiva en los barrios, así como la certeza del castigo a infractores mediante una administración de justicia y un sistema penitenciario eficaz. Más vale que así sea.