Una vez más, la Corte

Durante quince años se ha venido debatiendo en los tribunales de justicia panameños un proceso por medio del cual se pretende obtener una indemnización por supuesto daño moral de parte de dos periodistas y un medio de comunicación. Quien reclama el daño aducido fungía como servidor público al momento que se dieron los hechos. ¿Qué hechos? La divulgación de una investigación periodística por medio de la cual se informaba sobre la construcción de una carretera que beneficiaba a un ministro. Este funcionario, contra los mínimos de respeto al ejercicio del periodismo libre e independiente, utilizó todas las instancias judiciales para recurrir contra los periodistas. Tal vez, en esto no habría mucho que señalar, si no fuera por el simple detalle que, ese funcionario, luego llegó a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y han sido sus excolegas quienes, ahora, en un lamentable fallo, terminan inclinando la balanza de la justicia a favor del honor, supuestamente, dañado frente a la libertad de expresión, el derecho a fiscalizar a los servidores públicos y el libre ejercicio del periodismo. Con esta sentencia, en el caso Winston Spadafora contra el diario Panamá América y los periodistas Gustavo Aparicio y Jean Marcel Chery, que seguro será de mucho estudio, la Sala Civil de la Corte Suprema y la Administración de Justicia, una vez más, desechan una oportunidad de salvaguardar los derechos fundamentales de los asociados.