Corrupción

Cuando la ACP (Autoridad del Canal de Panamá) era presidida por la mayoría de funcionarios norteamericanos, incluyendo el administrador general McClauffy (EU) y el prestigioso paisano recién desaparecido, Fernando Manfredo, primer subadministrador del Canal, el dirigente panameño, el Lic. Luis Anderson, escogido por los 8 mil trabajadores, dignamente ocupaba una silla en aquella Junta Directiva. Pero, cuando el Lic. Anderson dejó de existir, junto con él también sepultaron la silla para el representante de los trabajadores en aquella perfumada Junta Directiva del Canal.

En inexplicable contradicción, cuando la silla que ocupaba Anderson desaparece y le dan un portazo en las narices a los trabajadores para siempre, ya los panameños éramos mayoría en la Junta Directiva, más el administrador, el Ing. Gilberto Guardia y luego Alberto Alemán Zubieta.

Además, mientras los norteamericanos estuvieron al frente, ninguna empresa en la que un miembro de la Junta Directiva tuviera un 10% o más en acciones, podía concursar para contratar obras o trabajos en el Canal para evitar los conflictos de intereses. Sin embargo, y en complacencia de la Junta Directiva, toda integrada de panameños, el administrador Alemán Zubieta en un santiamén logró modificar el reglamento de la ACP para elevar este porcentaje de acciones del 10% al 35% y evadir la veda moral y ética que venía rigiendo por 80 años en el Canal.

Desde entonces, era lo que perseguía el administrador. En lo sucesivo pudo concursar CUSA (Constructora Urbana, S.A), donde el administrador Alemán Zubieta tenía o tiene acciones. Pero, a partir de allí, la gestión hasta ese momento excepcional del administrador Zubieta comienza a declinar y a generar sombras, desde el instante que Sacyr con un guiño de ojo integró a CUSA (Grupo Unidos por el Canal ) al consorcio GUPC, jugada muy difícil de lograr con la BECHTEL-MITSUBISHI.

El 22 de octubre del 2006, los panameños fuimos convocados por el gobierno del ex presidente Martín Torrijos al referéndum para aprobar o negar el modelo y costo del Tercer Juego de Esclusas. Ya se nos había asegurado en lujosa y espectacular ceremonia patriótica y festiva en Atlapa, el 29 de abril del 2006, que esta obra por contratar en un concurso internacional no costaría más de $5,250 millones.

Por supuesto, en estos proyectos gigantescos siempre surgen los imprevistos sobre todo por sorpresas y fallas geológicas, en consecuencia también surgen los sobrecostos, pero estos casi nunca van más allá de un 20% a 50% sobre el presupuesto original. Sin embargo, hoy por el avance retardado de estos trabajos e incidentes, reclamos y paros de GUPC, ya alcanzan un incremento o sobrecosto real aceptado por la propia ACP de $3,200 millones en arbitraje, más otros $1.000 millones al considerar el lucro cesante, o lo que el Canal está dejando de ganar por el atraso de la entrega del proyecto en la fecha pactada con GUPC ya por año y medio, más otros $40 millones que los contratistas hoy piden prestados a la ACP para poder subsanar las grietas o filtraciones en las paredes de las nuevas esclusas.

Sin temor a incurrir en apreciaciones exageradas, más bien conservadoras, este Tercer Juego de Esclusas para naves de tamaño post-Panamax (15 mil contenedores de 20 pies) nos estará costando al final alrededor de $12,000 millones, o sea un sobrecosto insólito hoy más del 110% con tendencia a crecer y ‘no perder de vista que el precio que sedujo y sorprendió al administrador y a la JD, por GUPC , en el sobre sellado, fue de $3,118 millones'.

Vale decir, cuando la ACP u otro consorcio asuma el relevo para terminar la obra por el abandono o más bien fuga precipitada por la puerta de la cocina de GUPC, previendo estos que cuando pasen los primeros post-Panamax y vayan emergiendo otras fallas aún ocultas, ¡ojalá! que no en las tinas de reciclaje, el corazón del sistema!, Sacyr, Impregilo, los Belgas (Jan De Nul de Bélgica), CUSA, quisieran estar muy lejos de Panamá. Este relevo posible para terminar la obra, sin duda alguna, nos costará otro par de miles de millones de dólares y GUPC sabe y apuesta a ello que más barato es seguir con ellos, pero esto equivaldría primero a que se les reconozcan todos sus reclamos,… ‘nos tienen con los pantalones abajo y manos arriba contra la pared'.

Lo que significa amables paisanos panameños que estamos ante el posible caso de corrupción administrativa más grave de nuestra historia y demoledor e irrecuperable perjuicio por la desaceleración del desarrollo económico del país. Todo, sin dudas, agravado con perfil de corrupción administrativa por conflictos de intereses, abuso por malversación de los dineros del pueblo por él o los administradores de la ACP, sin freno ni contrapeso real, que todos confiábamos, representa y ejerce la Junta Directiva por mandato de los artículos de la Constitución 319 y 320.

Por lo contrario, más bien trasciende por la fuerza de los acontecimientos escandalosos. La JDACP no es más que una caricatura desde que sepultaron al prestigioso dirigente popular, Lic. Luis Anderson, subordinada totalmente a los caprichos del administrador de turno, ‘quienes tienen recursos para dispensar grandes favores y nombramientos', situación que hay que reparar y pronto Señor Presidente Juan Carlos Varela, aprovechando la coyuntura para sembrar dos verdaderos fiscales del pueblo en la JDACP, escogidos por los sindicatos de los trabajadores, obreros y administrativos de la fuerza laboral que hacen funcionar nuestro Canal.

De ser esto confirmado, sobre todo por el descomunal sobrecosto y todo a consecuencia del favoritismo en la escogencia del consorcio favorecido, GUPC, que incluye a CUSA, que no fue el verdadero ganador del concurso, sino más bien BECHTEL-MITSUBISHI, ésta además de su inmejorable calificación y experiencia mundial, contaba con el soporte moral y respaldo económico del Departamento de Estado Norteamericano, por ser una empresa bandera emblemática y orgullo norteamericano.

Por lo sucedido, corresponde como en todo Estado de derecho e instituciones sólidas y, además, lo menos que merecemos los panameños que por oficio el Procurador General de la Administración o el Órgano Legislativo citen a rendir cuentas a los dos últimos administradores del Canal de Panamá y respectivos integrantes de la Junta Directiva. Modificar en nuestra Constitución el Título XIV El Canal de Panamá, en su artículo 318 y 319 sobre la Administración del Canal de Panamá y función de la Junta Directiva Blindada contra toda posibilidad de que los administradores en el futuro le arrodillen por el peso de favores y cumplan con el delicado deber de ejercer los frenos y contrapesos ante los posibles desenfrenos y excesos de los administradores.