Por un gobierno sin nepotismo
Desde el 1 de julio de 2014, el gobierno que encabeza Juan Carlos Varela demostró proclividades hacia el nepotismo, y los medios de comunicación denunciaron el hecho como acto de corrupción. Aunque el muy citado principio de “igualdad de derechos” no es absoluto en la práctica, creemos en el libre acceso del talento y del mérito en los cargos públicos. Esto es facilitar a todos hacer valer su talento y aptitudes, para estimular la participación y el concurso democrático. En este caso se ponen, como forma democrática, las dignidades, honores, cargos y preeminencias al alcance de todos los ciudadanos, por modesta que sea su procedencia. Vale decir, un sistema de carrera administrativa bien estructurado y aplicado.
Hoy, para ocupar altos cargos y empleos en la administración del Estado, sin duda, el talento es la mejor credencial. Pese a que en la práctica política no siempre se cumple este sano principio, está comprobado que el nepotismo, el amiguismo y el favoritismo procuran al hombre o la mujer ineptos cargos honoríficos y efímeras dignidades. Su verdadera dignificación y su exaltación a los altos puestos del Estado solo se obtienen cuando el político o el ciudadano unen a su talento, la credibilidad, honestidad, sensibilidad social y un carácter decisivo y valeroso. Por eso, no deben otorgarse las prebendas y empleos públicos solo a los individuos de determinado credo político o ideológico ni a familiares. Tal monopolio ilegal e inmoral resultaría odioso.
El gobierno del Estado que selecciona con cuidado a los funcionarios y otorga los destinos con sujeción al mérito de los favorecidos llega a tener servidores de gran valía. Igual, en la administración y la magistratura, en la educación y en la hacienda pública. Si, por el contrario, el nepotismo, el favoritismo, el amiguismo y las influencias son los elementos de la política de un país, entonces puede asegurarse que la Nación demandará en vano estadistas, educadores, magistrados, administradores y científicos que mantengan el prestigio que ha de colocarla a la par de las naciones progresistas y desarrolladas. La calidad de los funcionarios (desde el Presidente de la República hasta el mensajero), determina la calificación que pueda merecer un determinado gobierno.
En el caso de la administración de justicia, esta solo debe ser desempeñada por jueces y magistrados cuya intachable probidad los ponga al abrigo de toda sospecha de prevaricación, cohecho y desdoro. La política no debe tener ninguna influencia sobre las deliberaciones y fallos de los tribunales. Esto solo es posible cuando la independencia del poder Judicial y del Ministerio Público está garantizada por un servicio de carrera judicial. ¿Se practica este servicio en Panamá.?