Algunos propósitos anticorrupción para 2016

Desde la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Panamá ha ido dando pasos que contribuyen a una mayor implementación de la Convención, cosa que incide directamente en la capacidad del Estado de dar una respuesta eficaz y eficiente a los actos de corrupción.

Así, en este año 2015 que estamos cerrando, se ha aprobado una ley de cooperación internacional, con miras a facilitar la asistencia judicial recíproca entre Panamá y otros países, y se ha adoptado un paquete legislativo para la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales con el afán de luchar contra este fenómeno y atraer capitales de origen lícito a Panamá.

También en el curso de este año, se ha puesto en marcha una serie de comisiones legislativas en las que han participado las instituciones del sector público, el sector privado y la sociedad civil, con el fin de proponer reformas necesarias a la Ley 59 de 1999, la cual versa sobre Declaraciones Patrimoniales, al elenco de conductas corruptas del Código Penal vigente y al Código Uniforme de Ética. Desde la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Corrupción (ANTAI), la Academia Regional contra la Corrupción para Centroamérica y Caribe (ARAC) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), esperamos que los referidos textos sean bien recibidos por la Asamblea Legislativa y que estas iniciativas junto con otras en materia de conflictos de interés y protección de denunciantes (los denominados ‘whistleblowers ') prosperen satisfactoriamente.

Recordemos que en la lucha contra la corrupción, las medidas de prevención propuestas en el Capítulo II de la Convención forman parte de la receta de buena gobernabilidad para reducir esta plaga y su impacto en el desarrollo económico del país.

Ingredientes esenciales, de los que no podríamos prescindir, son la trasparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, la sal y la pimienta de la buena gobernabilidad.

En esta línea, el Gobierno de Panamá, a través de la ANTAI junto con la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), ha empezado a poner en marcha una iniciativa de datos abiertos gubernamentales que se espera que coadyuve al desarrollo de la economía del país y que aporte de manera substancial a la transparencia, al empoderamiento ciudadano y al control democrático; a una relación más activa y participativa entre la sociedad civil y el Gobierno y en resumidas cuentas a la lucha contra la corrupción.

Con la colaboración de los diferentes estamentos del Estado panameño, el abrir datos gubernamentales permitirá a los ciudadanos, al sector privado y a la sociedad civil en general monitorear, verificar y fiscalizar el manejo de la ‘cuestión pública ', los procesos de toma de decisiones, el gasto de los presupuestos asignados a cada institución, etc.

Es decir, todas estas iniciativas contribuyen a facilitar el ejercicio del derecho de todo ciudadano de ‘buscar ' y ‘recibir ' información, consagrado en el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana como elementos integrantes del derecho a la libertad de expresión. Salvo en aquellos casos en los que se aplique una legítima restricción, en Panamá la sociedad debe poder tener acceso a información sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, de tal manera, que a su vez, la información recibida pueda circular en la sociedad de manera que pueda ser conocida, accedida a ella y valorada.

Por otra parte, estamos convencidos de que las medidas de prevención y lucha contra la corrupción favorecen directamente a la democracia a través del fortalecimiento de las instituciones públicas. En este contexto, la iniciativa de datos abiertos ayudará a facilitar el control social y la fiscalización, a combatir la corrupción y a promover la transparencia proactiva desde la Administración Pública panameña. Es por ello por lo que animamos a todas las instituciones del Estado a implementar con celeridad esta iniciativa de datos abiertos y al ciudadano a hacer uso de su derecho a saber, y por ende coadyuvar a la prevención de la corrupción.