Punto de partida
De una inmensa mayoría de la población surge el clamor de que Panamá necesita, con urgencia, una reforma constitucional. Entendemos que la Constitución debe ser un conjunto sistemático de normas, organizadas de manera coherente, con estructura jurídica que responda a las necesidades sociopolíticas actuales de la nación.
La nueva Constitución, de forma enunciativa, debe contemplar una clara definición de las atribuciones de los tres órganos del Estado, evitando la concentración de poder en uno de ellos, estableciendo claros y definidos mecanismos de colaboración entre estos, lo que institucionalizaría un verdadero sistema de pesos y contrapesos, y limitaría el ejercicio del poder político absoluto.
La actual Constitución, al regular el funcionamiento de los tres órganos del Estado –supuestamente en armónica colaboración– resulta gravemente insuficiente. Estos poderes deben ser los verdaderos garantes de nuestra institucionalidad democrática, sin embargo, el excesivo presidencialismo que han arrastrado nuestras constituciones permitió, en la época de los militares, posterior a esta y en el quinquenio pasado, el desmedido enriquecimiento ilícito, a costa del saqueo de las arcas del Estado.
Es evidente que la desconexión entre el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial resquebraja la institucionalidad, pues su fortaleza depende de la honestidad individual de quienes adelantan sus gestiones. No así de normativas constitucionales enunciativas y legislación correspondiente que salvaguarden la legalidad y aseguren, con agilidad, el castigo de quienes la quebranten.
Las reformas constitucionales de 2004, a nuestro juicio, quedaron inoportuna e irresponsablemente cortas, debido a las presiones políticas; presiones que impidieron se le diese reconocimiento al aporte del proyecto constitucional elaborado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), presentado, en tiempo oportuno, a la Asamblea Nacional. Este proyecto constitucional, cuya elaboración tomó tres años de minuciosa e intensa labor, mantiene vigencia al día de hoy, pues su contenido, en gran parte, es trascendental y pertinente.
Prestigiosos juristas de nuestro país tuvieron la oportunidad de analizar y discutir este documento, en el foro “Proyecto Integral de Reformas Constitucionales”, organizado por la Comisión Jurídica de la Apede, en agosto de 2004, que tuvo una efectiva y positiva acogida por parte de los participantes, entre ellos: Mario Galindo, Carlos Bolívar Pedreschi, JoséÁngel Noriega (q.e.p.d.), José Javier Rivera, Rigoberto González Montenegro y Salvador Sánchez; además de reconocidos miembros de la sociedad civil como Stanley Muschett, Roberto Brenes y José Galán Ponce (q.e.p.d.), cuyos, valiosos aportes fueron incorporados al documento.
La discusión y el análisis, con miras a reformar la Constitución no pueden seguir postergándose. Hay que atreverse a llevar un diálogo, sin precondiciones, con el único norte de rescatar la institucionalidad y fortalecer la democracia.
Sugiero a quienes genuinamente tengan interés en el tema, y, en particular a los componentes de la sociedad civil, que se acerquen a la Apede y soliciten copia del documento. Este, a mi juicio, sería un excelente punto de partida.