Un proceso inédito digno de aprobación
El listado resultó variado e interesante: profesionales con trayectorias meritorias dentro y fuera del Órgano Judicial.
Docentes, investigadores, escritores, creativos, inspiradores, eruditos, de mentes reflexivas, enérgicos, litigantes dedicados al ejercicio privado o a la judicatura, asesores jurídicos, personas con capacidades organizativas y administrativas demostradas, de criterios independientes, no sumisos, con formación ética sin manchas comprobadas, con sanas ambiciones personales, oriundos de la capital y de varias provincias, con edades entre los 42 y 66 años. Todos orgullosos de sus logros en sus carreras hasta este momento. Las entrevistas completas aún se pueden ver en YouTube.
Solo dos de los que se presentaron a la faz del país serán seleccionados para integrarse a dos salas distintas en la Corte Suprema: uno atenderá litigios entre civiles y el otro, controversias con el Estado y asuntos laborales. Pero como integrantes del Pleno, ambos también atenderán asuntos que involucren la interpretación de la Constitución; de ahí que se les cuestionara sobre temas como los derechos humanos y el debido proceso.
Además de conocer lo que cada aspirante pudiera revelarnos sobre sí mismo, la consulta pública sirvió de ejercicio docente que ventiló las crudas debilidades y falencias del Órgano Judicial, vistas desde adentro. Una, el retraso en poner en ejecución una Carrera Judicial que brinde estabilidad e independencia de criterio a jueces y magistrados, cuya interinidad en muchos casos se traduce en sumisión por temor a represalias de instancias superiores. Otra, la mora judicial por falta de recursos humanos, económicos y físicos, sin olvidar los arcaicos procedimientos judiciales que claman por modernizar el sistema desde su raíz. Peor es la dejadez de algunos jueces y magistrados que se limitan a ‘autografiar ' resoluciones concebidas totalmente por sus subalternos.
El proceso de consulta ha sido altamente educativo y debe ser visto con ánimo positivo. No entiendo cómo se pretende demeritar con aseveraciones gratuitas como aquella de que de antemano hay ‘ungidos ', esparciendo un rumor que es imposible de probar. Solo tendría como lógico propósito perjudicar las aspiraciones de los candidatos aludidos y, en caso de que efectivamente fueran los escogidos por sus méritos, significaría un despropósito que en nada ayudaría al objetivo perseguido de reparar la maltrecha imagen actual de la Corte Suprema.
Tampoco entiendo las objeciones lanzadas contra otros grupos —organizados o no pero compuestos por ciudadanos de este país— que también pretendan emitir opiniones sobre los candidatos conocidos. Todos los ciudadanos tenemos derecho a opinar, sustentando nuestras conclusiones a sabiendas de que la decisión final recae exclusivamente en el Ejecutivo. Quien posee la autoridad no podrá distanciarse de las consecuencias de su decisión —buena o mala— y considero el deber de todo ciudadano comprometido aportar opiniones razonadas en el camino correcto.
El proceso de selección no ha concluido aún. A la Asamblea corresponderá investigar a profundidad los méritos manifestados por los nominados que le serán remitidos para su ratificación y sería lamentable que los diputados repitan la inveterada costumbre de limitarse a comprobar los requisitos puramente formales que nada dicen de la capacidad técnica, trayectoria, fibra moral, transparencia, compromiso con la justicia y con los derechos humanos de cada candidato. Cada uno ya ha anunciado sus méritos, pero ahora se trata de investigar a fondo la certeza de las aseveraciones que cada uno expuso ante la comisión designada por el Ejecutivo, no porque se dude de su veracidad, sino porque es necesario un sello de aprobación nacido de una investigación independiente, que sea garantía razonable de que no volverán a suceder tristes episodios como los ya conocidos. La Comisión de Credenciales no puede rehuir su responsabilidad.