Termina la tercera legislatura
Cumplidos 16 meses de haber tomado posesión de sus curules en julio del año pasado, resulta apropiado revisar algunas muestras de la labor legislativa desarrollada por los diputados en 210 días laborales, para tratar de interpretar las intenciones que apuntan. Pasados estos meses iniciales, con tres legislaturas de 70 días cada una y cuatro sesiones plenarias por semana, es útil un breve análisis para aplaudir lo bueno, censurar lo malo, y exigir los correctivos que todos demandamos.
Es importante no dejar de mantener la presión pública sobre la Asamblea, porque estamos justamente preocupados en la era de rectificaciones fundamentales que deben corregir el rumbo de una administración pública manchada por su irresponsabilidad y políticos que se apartaron de su misión de servir. Corresponde al Poder Legislativo un papel importante que debe asumir con valentía junto a los otros Órganos del Estado.
No estamos de acuerdo con juicios que califiquen la labor del Legislativo, buena o mala, según la cantidad de leyes aprobadas. Ese criterio es irrazonable, porque, si de cantidad se tratara, la ‘ley chorizo ' habría merecido aplausos hace unos años. En su lugar se podrían comentar algunos aspectos positivos que hemos observado hasta ahora del quehacer legislativo.
Uno: no ha habido escándalos ni actividades que nos avergüencen como en el pasado reciente. Eso, de por sí, es un cambio positivo que crea el ambiente que permite la discusión seria de proyectos en base a sus méritos. Cierto que ha habido palabras altisonantes y ánimos caldeados; no los aplaudimos y los aceptamos mientras solo sean andanadas naturales en discusiones fogosas entre personas que defienden sus ideas con pasión, sin recurrir a epítetos y ofensas personales.
En ese ambiente se han producido leyes de interés nacional, como la descentralización y el Presupuesto del Estado para 2016. La primera, con una amplia consulta en su acalorado primer debate; y la segunda, matizándola con recomendaciones de voceros de distintas comunidades. En ambas hubo participación bienvenida de muchos de los sectores involucrados y, aunque no hayan resultado en disposiciones perfectas, son un punto de partida en un provechoso ejercicio democrático.
También hay que ponderar la seriedad con que se adelantó la función juzgadora de dos magistrados de la Corte Suprema. Con orden, decoro y sobriedad se logró el cometido a la vista de todos. Se incurrió en deslices reprochables, como los injustificados regalos de las pasadas Navidades; y la insistencia en autoadjudicarse un blindaje de privilegios que solo los diputados pretenden defender con razones realmente baladíes.
Persisten muchas otras acciones que los diputados no pueden soslayar y quedan pendientes como prioridad para la agenda de la legislatura que se inicia en enero próximo. Entre ellas, pendiente está una importante reforma electoral que recoja los consensos logrados en la Comisión Electoral del TE, y falta mayor transparencia en asuntos de la ejecución del presupuesto de la propia Asamblea y del manejo administrativo interno.
Se percibe un intento por parte de la Asamblea de rectificar pasadas actitudes. Debemos animarla y presionarla. Al mismo tiempo, podemos aprovechar para subrayar el hecho de que, cuan loable sea el método escogido dentro de las circunstancias por el Ejecutivo, el foro institucional para el escrutinio de candidatos a la Corte Suprema corresponde a la Comisión de Credenciales de la Asamblea y a la ciudadanía allí. Esa función constitucional fue viciada por la incompetencia manifiesta y reiterada renuncia de la Asamblea a cumplir como el filtro institucional establecido.
Nos anima la esperanza de que, de perseverar en un empeño que atisbamos, la Asamblea podría recobrar algo de la credibilidad perdida. Se respira un ambiente esperanzador, pero le falta mucho aún.