Institucionalidad democrática
La institucionalidad democrática de una nación es aquella que debe fundamentarse en su Constitución Política, reforzando la clara y robusta separación de los tres órganos del Estado. Esta pertinente delimitación de los poderes, se logra con una carta fundamental cónsona, que limite el ejercicio del poder político, fortalezca las instituciones, asegure la rendición de cuentas de quienes ostenten el poder público, garantice la estabilidad política y la paz social, fortaleciendo –de tal manera– la democracia y el estado de derecho.
La institucionalidad es la base y sostén del ordenamiento jurídico, social y económico de una nación. Esta garantiza el desarrollo y crecimiento de los pueblos, y permite el compromiso social dirigido al fortalecimiento del ejercicio de las libertades ciudadanas, encaminadas al desarrollo socioeconómico del país.
La patria no puede seguir a la espera. El país necesita una carta fundamental coherente que asegure el respeto a las instituciones democráticas, consolide y promueva los valores fundamentales de la sociedad. La sociedad civil organizada representa propósitos pertinentes en el ejercicio de la democracia participativa y se empeña, de diversas maneras, en impulsar con máxima diligencia y tesón, el urgente rescate de la institucionalidad democrática. Ello solo se logrará mediante la elaboración de una nueva Constitución Política; hacerlo es fundamental, pues esta no debe “autoexcluirse” de tan vital misión ciudadana hacia el fortalecimiento de una real democracia participativa, por la que, con derecho, siempre reclamamos.
No hay duda alguna, en el pensar ciudadano, de la apremiante necesidad de fortalecer el derecho a vivir en plena “paz social”, consecuente con la urgencia de reformar la Carta Magna. ¿Cuánto tiempo más debemos esperar por una acción gubernamental en este sentido?
El país requiere y está listo para el cambio constitucional. El tema se debe abordar ahora. No debemos seguir postergando y dilatando lo inevitable; nuestro principal objetivo es lograr una verdadera, sostenible y coherente institucionalidad democrática en Panamá.
Reiteramos, la “paz social” ciudadana es el derecho fundamental de toda sociedad que desea vivir en democracia. El marcado presidencialismo de la actual Constitución sirvió de herramienta y dio asidero para que el pasado gobierno abusara del poder, demostrando la frágil institucionalidad democrática que tenemos. Mantener esta situación le indica a la ciudadanía que su presente y futuro continuará a merced de los actos que ejecute el gobierno, ya sea a nuestro favor o perjuicio.
Urge la reforma constitucional. Hagamos lo pertinente para el logro de este primordial propósito. No le demos más tiempo al tiempo, pues de seguir así nuestro destino se perfila repleto de inconsistencias dañinas, que opacan las expectativas de un mejor presente y futuro.