Cuando la justicia es selectiva
La justicia en Panamá se ha convertido en protectora de la impunidad. Existe un trato para el hijo de Juana, y otro especial para los hijos de la “realeza panameña”. Es decir, para los millonarios, políticos o influyentes, de cualquier clase.
Por lo tanto, la justicia es selectiva. Tanto es así que se dice: “la justicia en Panamá es para quien puede pagarla”. Igual sucede con la salud y la educación. Hay tal insensibilidad, falta de nacionalidad y humanidad que hasta algunos extranjeros gozan de mayores privilegios que los panameños.
En dos sonados y muy parecidos accidentes de tránsito, en los que se provocó la muerte de un peatón y una ciclista, debido al manejo irresponsable de los conductores y en los que ambos se dieron a la fuga, el resultado de la acción fue diferente. En el primero de ellos, un hijo de Juana quedó muerto y su madre, con traumas o niveles de discapacidad, mientras que el conductor del vehículo, quizás producto de privilegios de la clase social o política, gozó de muchas libertades. En el otro accidente, en cambio, el conductor es el hijo de Juana, por lo que no corrió con la misma suerte.
En otros ejemplos de justicia selectiva vemos que en las investigaciones de personas investigadas por peculado, por los mismos supuestos delitos, unos están detenidos “preventivamente” y otros gozan de todas la libertades.
Nuestros ancestros decían que “quien tiene más saliva traga más harina” y, como corolario, en la actualidad el manejo de la justicia, desde el más ínfimo despacho gubernamental hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ), funciona igual: no hay garantía de que ante iguales circunstancias o hechos, con personas de diferentes estratos sociales, el resultado de los jueces y magistrados sea el mismo.
Bien lo dicen muchos letrados, ellos prefieren no interponer demandas en la CSJ, porque además de lo tedioso del trámite, mientras se acoge o no, y la espera por el fallo, pueden pasar años… todo para que a final se sepa que solo fue una pérdida de tiempo. Esa es la justicia panameña. No hay respeto por la ley ni por el pueblo.
Los derechos humanos son harina de otro costal. Al referirnos específicamente a las de discapacidad, Ley 42 de 1999 y Ley 59 de 2005, al parecer y de acuerdo a algunos fallos conocidos, estas funcionan y se accionan de acuerdo al criterio no solo del magistrado ponente, sino de la línea política de los otros magistrados, con relación a la línea del demandante y hasta de su abogado. ¿Es esto jurisprudencia? Hay fallos dignos de comentar, en los que la CSJ determina que el despido de un “favorecido” ha sido ilegal y, por lo tanto, se ordena su reintegro. Sin embargo, por casos parecidos al desprotegido hijo de Juana no le reconocen los salarios caídos, por diferentes razones y según sea el criterio de la institución que hizo el despido ilegal. Esto implica una burla y un atropello.