Descentralización, impuestos y corrupción
Hay varios temas que han generado debate en torno a la discusión del nuevo proyecto de ley sobre descentralización. Uno de ellos es el de los avalúos y reavalúos, otro el relativo a la gestión del impuesto de inmueble, y algunas personas han manifestado su preocupación y dudas con relación a la capacidad que tienen los municipios para asumir nuevas competencias y administrar mayores sumas de dinero de forma eficiente y transparente.
Los avalúos, reavalúos y el impuesto de inmueble son temas ligados. Deberían existir normas más claras sobre los avalúos, pero la regulación actual es bastante confusa si tomamos en cuenta que hay diferentes actores en este tema: el Ministerio de Economía y Finanzas, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, entre otros. La ciudadanía no tiene claro cuándo debe actualizar el valor de su vivienda de manera voluntaria, ni por qué se dan revalorizaciones de su propiedad por parte de las autoridades. Si las normas fueran claras y razonables, tal vez no se hubiesen generado tantas dudas y desconfianza en esta discusión.
El impuesto de inmueble se calcula sobre la base de unas tablas, que han sufrido algunas modificaciones con los años. El valor de las propiedades que podía adquirir la clase media (la que paga más impuestos), cuando se aprobaron originalmente estas tablas de cálculo, oscilaban más o menos entre 25 mil dólares y 75 mil dólares. Estamos hablando de propiedades por ejemplo, en Chanis, El Romeral, El Dorado, Bethania, Cerro Viento, e incluso en San Francisco, y en muchos lugares del interior del país, con una exoneración principalmente para las viviendas (no para los apartamentos) de 30 mil dólares sobre el valor de los terrenos y mejoras. A partir de este valor se calcula el impuesto en las viviendas. La tabla del impuesto de inmueble para dichas propiedades podía considerarse razonable, luego de transcurridos los 20, 10 o 15 años de exoneración, pero la realidad del mercado ha hecho que las cosas cambien significativamente.
Desde hace más de cinco años, el valor de una casa o un apartamento nuevo, o de segunda mano, para una familia de clase media, salvo que se adquiera en la periferia de la ciudad, excede la suma de 100 mil dólares. Por ejemplo, una vivienda que llegue a 100 mil dólares por cualquier razón, que ya no cuente con exoneración del impuesto de inmueble, tendrá que pagar una tasa anual de alrededor de mil 200 dólares, y si se trata de un apartamento, una suma que ronda los mil 500 dólares. Si hablamos de apartamentos, cuyo valor es de 200 mil dólares, lo que ya es un precio habitual para los de segunda mano, el impuesto llega a la suma de 4 mil dólares anuales. Estamos hablando de más de 300 dólares mensuales en impuestos para una familia, o una pareja.
El impuesto de inmueble, cuando se aprobó, posiblemente obedeció a la realidad adquisitiva y a los valores de mercado del momento, y podía considerarse como un impuesto progresivo, pero actualmente tienen más características de un impuesto confiscatorio, por más que se quiera matizar esta situación al expresarse que es una verdad a medias, ya que se cuenta con una exoneración por muchos años antes de tener que hacer frente al impuesto. Al final, frente a la realidad del mercado que estamos viviendo, todo el ahorro de la exoneración tendrá que pagarse al momento en que termine la misma y empiece el periodo de pago. Por otro lado, muchas viviendas de segunda mano, a las que ya se les venció el plazo de exoneración, son la opción para matrimonios jóvenes que tendrán que asumir la carga de un impuesto excesivo.
Lo razonable sería, si ya se ha estado hablando de revisar la tasa, sentarse a hacerlo, antes de crearle a los municipios expectativas de ingresos que luego pueden variar significativamente. Es mejor una tabla con un impuesto razonable que se cobre de manera eficiente y efectiva, que uno difícil de cobrar.
Por otro lado, para que la descentralización funcione de mejor manera, las autoridades necesitan de más y mejor capacitación, y que se revisen los mecanismos que permitieron que tanto alcaldes como representantes de corregimiento recibieran, en periodo electoral, millones de dólares de fondos públicos que fueron utilizados por diputados, y retuvieran un 5% en concepto de administración. Estos mecanismos deben ser derogados expresamente si se quiere recobrar algo de la confianza ciudadana perdida. Igualmente, debieron haberse incluido fórmulas expresas de participación, transparencia, rendición de cuentas y mayores y mejores controles en el uso de los fondos públicos, lo que no fue previsto en el proyecto de ley original, pero todavía están a tiempo de incluirlo. De lo contrario, lo que se puede experimentar es descentralización, pero de la corrupción.