Despropósitos legales y gubernamentales
El pasado mes de agosto fue prolífico en demostrarle al ciudadano avezado lo torcidas y absurdas que son muchas de las disposiciones legales y las políticas públicas en este país tropical. Varios se sorprendieron cuando en los noticieros nacionales apareció el video de un asalto a mano armada cometido por varios menores de edad en un comercio de la ciudad de David. Lo sorprendente fue ver a un niño, de unos 10 años, armado y amenazando a los que tuvieron la mala suerte de encontrarse en el lugar cuando se produjo el hecho. Todos los asaltantes fueron capturados pocas horas después de cometido el delito, pero ese niño fue liberado porque nuestras leyes establecen que los menores de 12 años son inimputables. Es decir, no pueden ser procesados ni siquiera con la especialísima legislación de menores, mucho menos con el Código Judicial o de procedimiento penal. Ni aunque él hubiese asesinado a un cliente o dependiente del lugar lo hubiesen procesado.
Ahora hay muchos menores involucrados en actos delictivos violentos a consecuencia de la impunidad legal que los ampara, pero los encargados de las políticas públicas se niegan a reconocer y enmendar este despropósito, por lo que este problema será cada vez más grave. Mientras tanto, en el mismo mes de agosto, en la provincia de Los Santos fue procesado y condenado a 48 meses de cárcel un humilde campesino residente en el distrito de Pocrí, por el “grave delito” de tener un rifle calibre 22 sin licencia. Algo de responsabilidad en esta absurda condena tienen las autoridades del Ministerio de Seguridad de esta administración, que a diferencia de las anteriores, que tramitaban las licencias de tenencia y porte de armas de fuego en las cabeceras de provincia, ahora exige que el interesado se traslade hasta la ciudad de Panamá. Es lógico pensar que miles de campesinos que tienen armas de fuego para fines de subsistencia preferirán quedarse sin las licencias respectivas, antes que movilizarse hasta la lejana capital para complacer los caprichos de un burócrata.
A estos dos ejemplos de despropósitos legales podemos sumar que tanto los menores del caso citado, así como todos los delincuentes que han cometido asaltos en bancos, comercios y residencias en los últimos meses, obtuvieron las armas o herramientas para la comisión de sus delitos sin tener los permisos o las licencias correspondientes, que no podían obtener porque no cumplen los requisitos legales exigidos: mayoría de edad, récord policivo, prueba psicológica y el test antidoping, entre otros. Sin embargo, aquel ciudadano decente y respetuoso de la ley que quiere obtener un arma para defender su vida, familia y bienes, y enfrentarse a delincuentes cada vez más osados a consecuencia de las normas legales que los protegen, se ve impedido de ello, porque desde octubre de 2010 el Ministerio de Seguridad impide la importación legal de armas de fuego para fines lícitos.
Otra de las grandes ideas de nuestros funcionarios es entregar periódicamente un bono o subsidio a los pandilleros y delincuentes, con la ilusa aspiración de que abandonen las actividades delictivas. Ese subsidio proviene de los impuestos que pagamos los ciudadanos decentes, que no necesitamos ningún bono para comportarnos dentro de la legalidad. Los honrados trabajamos y pagamos impuestos para que los gobernantes regalen bonos a los pandilleros y delincuentes.
Cualquier extranjero desprevenido que visite nuestro país pensaría que el Gobierno nacional se preocupa más por proteger y apadrinar a los delincuentes que de permitirle al ciudadano decente tener las herramientas necesarias para defenderse de la delincuencia. Pero claro, ese extranjero desprevenido no conoce la fauna burocrática que soportamos los ciudadanos en estas tierras tropicales.