Los consumidores y su derecho a la información
La manipulación genética de los productos alimenticios provoca fuertes emociones siempre que se habla sobre ella. Hasta ahora, esta discusión se ha dado sobre todo en Europa y América del Norte, y durante demasiado tiempo se la ha caracterizado como un conflicto entre los intereses comerciales y los de los consumidores. Se han cavado trincheras y las posiciones se han endurecido. Pero los que defienden o atacan los alimentos transgénicos han quedado atrás frente a los avances logrados en el campo y en los laboratorios
Para sacar este debate de las trincheras y hacerlo provechoso, debemos preguntar cómo garantizamos que los nuevos productos son seguros para los consumidores y si estas tecnologías benefician a las naciones en desarrollo y productores agrícolas. En efecto, se dice que los alimentos modificados genéticamente (AMG) podrían cambiar el paradigma en la producción de alimentos en el mundo, al ofrecer una solución para reducir las deficiencias de vitamina A y hierro a través de cultivos ricos en estas sustancias. Esto es importante porque la deficiencia de hierro afecta más de 5000 millones de personas en todo el mundo y constituye un problema de salud pública de proporciones epidémicas, y la deficiencia de vitamina A afecta a una cifra que oscila entre los 100 y 500 millones de niños en el mundo y provoca la ceguera de un millón de ellos cada año, la mitad de los cuales muere dentro de los doce meses de haber perdido la vista.
Agregar nutrientes a los productos alimenticios no es una idea nueva. La mayoría de los países del mundo ha agregado yodo a la sal durante décadas para evitar el bocio y las discapacidades mentales causadas por la deficiencia de yodo. Muchos cereales para desayuno y otros alimentos de nuestra mesa tienen vitaminas agregadas. Lo nuevo es que, en este caso, los científicos no agregan sustancias, sino que mueven genes para que las plantas produzcan las propias. En los países afectados por bajos índices de inmunización, estos productos podrían salvar muchas vidas. Sin embargo, estas afirmaciones de los fabricantes de semillas genéticamente modificadas no pueden ser aceptadas sin un previo análisis. Si no se llevan a cabo las pruebas adecuadas, podrían tener efectos secundarios peligrosos e inesperados.
Si las autoridades reguladoras no tienen como prioridad los intereses de los consumidores, podríamos ver productos que incrementen las ganancias de las grandes empresas sin darles demasiados beneficios a los que necesitan estos productos.
El tema de la seguridad es clave, pero también debemos dar respuesta a preguntas referidas a si los AMG son beneficiosos y para quién. A los consumidores europeos y norteamericanos no les ha impresionado demasiado el argumento de que deberían comer maíz y porotos modificados porque estas nuevas variedades son más baratas de producir y por lo tanto aumentan las ganancias de los productores agrícolas.
Quizá habrían escuchado con mejor disposición el argumento de que, como son más resistentes a los insectos, las nuevas variedades necesitan menos insecticidas y por lo tanto son más respetuosas del medio ambiente. Pero estos argumentos en buena medida han sido desmentidos por aquellos que sostienen que sabemos demasiado poco sobre las consecuencias ecológicas de la manipulación de genes.
Una serie de afirmaciones de los reguladores, los productores y los científicos que trabajan en el campo de la biotecnología parecen sugerir que, para ellos, los problemas se originan en la incapacidad del consumidor para comprender y comparar científicamente el riesgo de los AMG con el riesgo de los alimentos tradicionales.
Basar las deliberaciones futuras en este punto de vista podría ser un segundo error muy grave. El primer error fue no hacer participar a los consumidores (y otras partes interesadas) en el proceso de análisis de los riesgos. Muchos reguladores consideraron que el proceso de evaluación científica y las consiguientes decisiones administrativas eran demasiado complicados para el consumidor común. En términos generales, el alcance de cualquier evaluación futura debería ser amplio e incluir aspectos nutricionales, ambientales y de seguridad como también consideraciones socioeconómicas, éticas y de eficiencia.
Cualquiera sea el camino que elijamos en los niveles nacional e internacional, debemos reconocer el derecho del consumidor a participar y a estar informado. Los nuevos productos no solo deberían ser seguros, sino también beneficiosos para los consumidores y más eficientes que los productos existentes.