Todos somos ‘sujetos de derecho’
En diversos medios televisivos, le escuché decir a Ricardo Beteta, presidente del grupo Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, que lo único que ellos desean es que la ley los considere como “sujetos de derecho”. Ese argumento es una gran falacia y le abriría la caja de Pandora a una serie de incongruencias legales catastróficas, que atentarían contra la sagrada institución de la familia y el derecho a la expresión de las ideas y creencias religiosas. Una sana práctica sexual no amerita “derechos” para su ejercicio, solo requiere que se ejerza con responsabilidad.
La figura legal que se reclama no privilegia solo a los heterosexuales, es inherente a todos los seres humanos y ciudadanos del país. Hacer una diferencia para “amparar” a las personas por la sola forma como practican su sexualidad, es darle privilegios a un grupo minoritario, algo que está prohibido por la Constitución. Mientras la Constitución y el Código de la Familia dan a los padres el derecho a educar a sus hijos, una ley que otorgue privilegios a los grupos homosexuales obligaría a las escuelas, tanto públicas como privadas, a enseñar que la homosexualidad es una opción natural a escoger. Clérigos, periodistas o cualquier ciudadano común no podrían expresar libremente su opinión sobre la conducta homosexual sin incurrir en un acto de discriminación hacia esta minoría. Algo que incluso podría acarrear pena de prisión, como ya ocurre en otros países que se dicen de “avanzada”, donde estas prácticas han sido legalizadas.
Por ejemplo, el obispo católico de Suiza, Vitus Huonder, enfrenta una condena de tres años de cárcel por citar las palabras de la Biblia que condenan la homosexualidad. Igual sucedió con padres de familia que han sufrido prisión y el retiro de la custodia de sus hijos por negarse a que ellos reciban una educación con perspectiva de género. Esto ocurre hoy en el mundo gracias a la rampante ideología de género que pretende acallar todo aquello que contravenga sus fines.
La sociedad panameña no persigue a esta minoría, más bien son muchos de sus miembros los que discriminan y estigmatizan. Lo vemos cada año tras el Desfile del Orgullo Gay, con la entrega simbólica del Huevo Rosa a la persona más “homofóbica”, según ellos. Este año anunciaron por la televisión al ganador, Panangel Kouruklis, dueño de Radio Metrópolis, y armaron todo un espectáculo circense tratando de amedrentarlo por ser un gran defensor de la familia. Pareciera que ellos sí tienen “derecho” a estigmatizar a quien no comparte sus pensamientos. Si hacen esto ahora, no quiero imaginar lo que harían si se les privilegia con la categoría especial de “sujetos de derecho”.
No siento adversión hacia los homosexuales, trato a muchos e incluso tengo familiares con esa preferencia sexual a los que amo muchísimo. Pero las leyes se hacen para poner orden y evitar lesionar los derechos de la mayoría. Están en juego los derechos de la familia, de la libertad de expresión y la libertad religiosa, universalmente reconocidos. Hablemos claro, una cosa es ser homosexual y otra, luchar para que se imponga la ideología de género. Ese argumento es una gran falacia y le abriría la caja de Pandora a una serie de incongruencias legales catastróficas, que atentarían contra la sagrada institución de la familia y el derecho a la expresión de las ideas y creencias religiosas. Una sana práctica sexual no amerita “derechos” para su ejercicio, solo requiere que se ejerza con responsabilidad.
La figura legal que se reclama no privilegia solo a los heterosexuales, es inherente a todos los seres humanos y ciudadanos del país. Hacer una diferencia para “amparar” a las personas por la sola forma como practican su sexualidad, es darle privilegios a un grupo minoritario, algo que está prohibido por la Constitución. Mientras la Constitución y el Código de la Familia dan a los padres el derecho a educar a sus hijos, una ley que otorgue privilegios a los grupos homosexuales obligaría a las escuelas, tanto públicas como privadas, a enseñar que la homosexualidad es una opción natural a escoger. Clérigos, periodistas o cualquier ciudadano común no podrían expresar libremente su opinión sobre la conducta homosexual sin incurrir en un acto de discriminación hacia esta minoría. Algo que incluso podría acarrear pena de prisión, como ya ocurre en otros países que se dicen de “avanzada”, donde estas prácticas han sido legalizadas.
Por ejemplo, el obispo católico de Suiza, Vitus Huonder, enfrenta una condena de tres años de cárcel por citar las palabras de la Biblia que condenan la homosexualidad. Igual sucedió con padres de familia que han sufrido prisión y el retiro de la custodia de sus hijos por negarse a que ellos reciban una educación con perspectiva de género. Esto ocurre hoy en el mundo gracias a la rampante ideología de género que pretende acallar todo aquello que contravenga sus fines.
La sociedad panameña no persigue a esta minoría, más bien son muchos de sus miembros los que discriminan y estigmatizan. Lo vemos cada año tras el Desfile del Orgullo Gay, con la entrega simbólica del Huevo Rosa a la persona más “homofóbica”, según ellos. Este año anunciaron por la televisión al ganador, Panangel Kouruklis, dueño de Radio Metrópolis, y armaron todo un espectáculo circense tratando de amedrentarlo por ser un gran defensor de la familia. Pareciera que ellos sí tienen “derecho” a estigmatizar a quien no comparte sus pensamientos. Si hacen esto ahora, no quiero imaginar lo que harían si se les privilegia con la categoría especial de “sujetos de derecho”.
No siento adversión hacia los homosexuales, trato a muchos e incluso tengo familiares con esa preferencia sexual a los que amo muchísimo. Pero las leyes se hacen para poner orden y evitar lesionar los derechos de la mayoría. Están en juego los derechos de la familia, de la libertad de expresión y la libertad religiosa, universalmente reconocidos. Hablemos claro, una cosa es ser homosexual y otra, luchar para que se imponga la ideología de género.