Las tribulaciones de la ACP
Al cumplir 101 años de su apertura, mucho debió suceder para que el manejo del Canal quedara en manos panameñas. Gobierno tras Gobierno, generación tras generación, lucharon sin pausa para lograrlo. Patriotas idealistas vertieron su sangre; la patria lloró sus muertos y heridos. Hoy ese esfuerzo, que a tantos costó tanto, puede quedar mancillado por la soberbia de un directivo de la ACP, que rehúsa renunciar mientras es citado por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada para indagatoria por blanqueo de capitales. No parece entender el daño que su egoísmo le hace a la institución y al país. O no le importa. No es justo.
Asegurar la competitividad de nuestra ruta apuntó a la necesidad de ampliarla para servir a naves de mayores dimensiones. La obra, con todos los problemas enfrentados, está a punto de culminar, aunque con un retraso originado en desacuerdos entre las partes. Su costo proyectado de US$5250 millones fue especialmente cuestionado y recayó en la ACP la responsabilidad de arbitrar lo necesario para mantenerlo dentro de límites cercanos a las estimaciones originales. Algunos expertos, habiendo conocido experiencias de megaconstrucciones similares con sobrecostos normales en otros continentes, calcularon sobrecostos naturales que elevarían nuestro costo a aproximadamente US$8000 millones. Los actuales reclamos —aún no comprobados— parecen apuntar a esa última cifra, pero confiamos en que el control ejercido por la ACP no habrá de legitimar esas cantidades.
Las amenazas de huelgas de trabajadores y de paros de empresas constructoras, no han cesado durante todo el período de la construcción. Se suman también reclamos por mejores condiciones de trabajo de los propios empleados de la institución. Ciertamente, el manejo de estas relaciones laborales y contractuales ha requerido atención permanente desde el comienzo de las obras y es natural que tales conflictos ocurran en construcciones de tanta duración con la participación de consorcios que agrupan diferentes empresas y trabajadores de diferentes nacionalidades.
El problema causado por el cambio climático —y especialmente hoy por el fenómeno del Niño— ubica en primer plano la advertencia creada por la disminución del caudal de agua necesario para que la operación del canal fluya sin problemas. La restricción del calado de las naves que lo transitan es una llamada de alerta suficientemente grave sobre la vulnerabilidad que ahora se cierne sobre la vía interoceánica y la consecuente limitación de los ingresos previstos para el Presupuesto Nacional.
Los costos de la ampliación, los reclamos laborales, las disputas contractuales y la reducción del caudal de agua han sido problemas que han debido ser enfrentados y resueltos. Pero a ellos se suma ahora una vergonzosa situación causada por la criminal conducta privada de un directivo que, quiérase o no, involucra el nombre de la Junta Directiva y afectará la percepción de su bien ganada integridad.
Es lamentable que esto suceda a una junta directiva que no debe estar integrada por cualquier Perico de los Palotes, sino por once panameños excepcionales de comprobada trayectoria competente y honesta, merecedores de ocupar esas sillas que fueron ganadas con la sangre de héroes. No hay que olvidar que le cabe responsabilidad a la anterior Asamblea Nacional por su reiterada costumbre de ratificar con igual ligereza a candidatos nominados a la Corte Suprema y a la Autoridad del Canal.
La operación del canal en manos panameñas nos ha dado muchas satisfacciones desde el primer momento en que ocurrió una transición transparente, sin ruido. La ACP ha cumplido procesos, sorteado obstáculos, resuelto problemas con entereza y buen juicio, consciente de su importancia para el país y el comercio mundial. No es hora de mancharla: renuncie señor.