Hablando de la Carrera Administrativa
Desde que tengo uso de razón he escuchado sobre la conveniencia de implementar en Panamá un régimen de carrera administrativa que les brinde estabilidad a los funcionarios. El servicio civil es un anhelo consagrado en la Constitución. Ningún Gobierno deja de aclamar las bondades de un sistema que no solo provea seguridad económica, sino que también permita el desarrollo profesional y el ascenso a niveles superiores de la administración pública en base a los méritos propios del individuo.
Hoy se retoma el concepto y ha sido incluido en la agenda legislativa adoptada por la mayoría de diputados que componen la última alianza política parlamentaria. Sin embargo, llegar a un consenso sobre la filosofía y el contenido de una ley sobre el tema debería ser más fácil y factible que ponerla en ejecución y administrarla adecuadamente, de suerte que rinda los frutos deseados sin que quede desdibujada en el camino.
Muchos intereses partidarios entran en juego y en consideración para viciar todas las buenas intenciones que pudieran existir. En 1994, después de muchos meses de amplias consultas y estudios, se presentó a la Asamblea un proyecto de ley de carrera administrativa y se logró la aprobación de un marco general de una ley que le diera esa estabilidad al funcionariado. Por falta de tiempo adecuado en las postrimerías de un Gobierno de salida, no se inició de inmediato la incorporación de funcionarios al nuevo sistema y se optó por dejar esa tarea al nuevo Gobierno. Lamentablemente nada se hizo en firme; solo hasta el último año fue cuando rápidamente se trató de dejar algunas dependencias amparadas bajo el régimen del servicio civil.
Durante los siguientes años ocurrieron las previsibles consecuencias de la falta de la puesta en marcha de la ley aprobada en 1994, hasta llegar al inicio del anterior Gobierno, cuando en el 2009 se desarticuló en efecto el régimen de la carrera administrativa y se anularon todas las incorporaciones hechas desde el 2007.
El resultado de estos ejercicios es que el funcionariado se encuentra en estado de inseguridad, aspirando solo a una indemnización decretada en caso de despido. Su estabilidad y fuente de ingresos depende de la voluntad de las autoridades superiores.
El acuerdo logrado por la bancada mayoritaria de la Asamblea Nacional permite albergar un optimismo reservado sobre la posibilidad de romper con prácticas pasadas y acabar con la costumbre de utilizar a los 200 000 funcionarios como monedas aprovechables en tiempos políticos. El tema es apetitoso para las campañas electorales.
Todos debemos cerrar filas y apoyar una iniciativa como la que se contempla. Dotar al ciudadano de auténtica oportunidad para ingresar al servicio civil, gracias a su preparación y no al compadrazgo o amiguismo político; y al funcionario, de la seguridad de poder hacer carrera en la administración pública, serían pasos firmes para modernizar el Estado. Con esas premisas, la burocracia estatal debería funcionar con la honestidad y con la eficiencia básica que proveyera los servicios que la ciudadanía demanda. Sería como una maquinaria eficiente que marcharía a velocidad satisfactoria para todos, pero en la dirección que cada gobernante escoja enrumbarla.
Ahora la intención surge nuevamente, luego de antecedentes frustrados y frustrantes en el pasado. Sería necesario complementarla con una ley general de sueldos, que disponga remuneraciones uniformes que dependan del nivel de responsabilidad de cada posición, y con una ley que disponga la simplificación de todos los trámites burocráticos para reducir el costo económico y social involucrado en los trámites que se deben cumplir en cualquier oficina pública. Les haríamos la vida menos complicada y más feliz a los panameños.