Reelección Para Nadie:
En fecha reciente, la diputada Ana Matilde Gómez dio a conocer un anteproyecto de ley que tiene como objetivo evitar la reelección de autoridades en la Universidad de Panamá (UP). La propuesta no contempla al resto de las entidades de educación superior oficiales, que también permiten la reelección, y menos a la Asamblea Nacional, cuya repetición de diputados en las curules no tiene límites. ¿De qué se trata entonces? Entre lo correcto y lo incorrecto de un ideal legislativo no cabe una sola dirección, y habría que proponer con los ejemplos del caso.
Es cierto que la Ley 24 de la UP después de un referendo universitario fue reformada para permitir la reelección de las autoridades. La propuesta original era permitirla por un periodo más, lo que nos parecía acertado para las instituciones académicas, pero durante el debate en el Consejo General Universitario se le agregó el “carácter a perpetuidad” (sin que se use este concepto). Esto es, la posibilidad de que el conjunto de las autoridades pueda optar por la reelección las veces que así lo considere.
Es esa condición –de reelecciones sucesivas– la que en todo caso habría que discutir, pero con la observancia de que el tema esencial que, hoy por hoy, es requerido para mejorar los procesos institucionales está por encima de lo meramente electoral. Lo electoral ha sido la tónica desde que se estableció el modelo de la Ley 11 de 1981. Ese mismo fin que impedía la reelección del entonces rector Abdiel Adames, se dio 10 años después con la Ley 6 de 1991. Resultado de aquel impedimento fue la rectoría de Carlos Iván Zúñiga y la emergencia del sistema ponderado de elección con la participación de todos los universitarios, como votantes. Ahora bien, si la intención legislativa es sana y no personalísima, entonces habría que proponer con ejemplo. Un compromiso de los diputados en el sentido de “no acudir al proceso reeleccionista en sus respectivas curules haría creíble un anteproyecto como el que ha presentado la “diputada independiente”. Para el caso de los diputados, la legislación constitucional no establece tope, y habría que cuestionar si es hora de que sea tomado en cuenta, tal como lo sugirió la propuesta de reforma constitucional de los notables, que jamás se abordó porque el entonces presidente Ricardo Martinelli lo consideró un “disparate”.
Impedir la reelección, como visión legislativa, se reduce a la superficialidad frente a la necesidad de fortalecer la educación superior, como valor estratégico. Hay que abordar la esencia de la problemática en asuntos del presupuesto. Las facultades, centros regionales, los institutos y los programas anexos requieren sostenibilidad financiera, sobre todo porque el contexto que define hoy el predominio del conocimiento hace exigible que las instituciones de educación superior logren una real autonomía financiera, así como lo tienen en sus constituciones las universidades de la región, para impedir que sean presas de los antojos políticos y de las imposiciones de momento.
Un esfuerzo legislativo en esa dirección representaría un aporte efectivo a un valor estratégico para la nación y para los futuros profesionales que son el sustento intelectual del desarrollo nacional.