Seguridad Jurídica Urbana, ¿Para Quién?
El derecho a la ciudad, a la felicidad y a vivir bien es inalienable a cada uno de los habitantes de la capital de Panamá. Compartimos un deseo único, que parece utópico: calidad de vida superior en una ciudad moderna, con servicios básicos propios de todo espacio urbano; con áreas públicas para la distracción y el entretenimiento, y con un transporte que responda a las necesidades de los usuarios y a la libre circulación de peatones.
El crecimiento urbano no ha significado bienestar y tranquilidad para la mayoría de los habitantes de la capital. En los hechos se ha impuesto el poder y la lógica de los sectores económica y políticamente poderosos. El conflicto que se genera debido a los choques entre la avaricia y la calidad de vida, provoca enfrentamientos entre los residentes de las comunidades y las promotoras de negocios inmobiliarios, de los que no se excluyen las autoridades que intervinieron en la aprobación de permisos de construcción, cambios de zonificación y estudios de impacto ambiental.
La ciudad de Panamá se caracteriza por una expansión desordenada, impulsada por los intereses especulativos de inmobiliarias, inversores privados y constructores, que ignoran el ordenamiento territorial; un crecimiento que promueve las violaciones a los usos del suelo, los permisos de construcción, la servidumbre sanitaria, las leyes y normas; además de la devastación de bosques, el colapso de los servicios públicos y el transporte; la densificación por medio de información falseada en cuanto a cantidad de residentes en las edificaciones; comercios en áreas residenciales; aguas pluviales y negras estancadas; escasez en el suministro de agua potable; contaminación del aire y ruido excesivo, entre otros. Este es el escenario que enmarca la situación de la ciudad de Panamá, desde la perspectiva del urbanismo. Además, los residentes dudan de la ética de las autoridades para hacer efectivo el cumplimiento del marco legal, que representa la seguridad jurídica de la ciudadanía. Son generalizadas las protestas contra los cambios de zonificación hechos a espaldas de las comunidades, y la imposición de proyectos que destruyen el ambiente. Algunos de los funcionarios que tuvieron que ver con estos reconocen que el 60% de los cambios de uso de suelo autorizados en gobiernos anteriores no se ajusta a la ley. Estos sumado a la voracidad de las fuerzas del mercado, y a instituciones como Miviot, Idaan, ATTT, los bomberos y la antigua Anam que fueron cómplices de esta situación. Muchas veces ninguna asume la responsabilidad y la transfiere a otra, mientras que el municipio se lava las manos. Como ejemplo tenemos la urbanización de Villa de las Fuentes 1. Dotada en sus orígenes de infraestructura para edificios no mayores a cinco pisos, pero ignorando la opinión ciudadana, se impuso un cambio de zonificación y aparecieron nueve torres de condominios de hasta 35 pisos. A lo que se agregan cambios en el número de habitaciones de una a tres.
Como consecuencia, no se satisface la demanda de agua y solo se dispone de esta durante algunas horas. Por ejemplo, para el desarrollo del PH Portofino Towers, en los planos aprobados figuraban 438 habitaciones y un consumo de agua, autorizado por el Idaan, de 25 mil 920 galones diarios. Sin embargo, al variar el número de apartamentos por unidad, la densidad aumentó a 720 personas con un consumo de 64 mil galones diarios. Los habitantes de esta urbanización dependen del suministro de agua no potable de los carros cisterna, que llenan los tanques de reserva. Preocupa que ante un eventual incendio, los bomberos no dispondrán de agua y nada podrán hacer ante un siniestro que se produzca en una torre de más de 10 pisos. Este escenario estaría incompleto, si no incluimos las consecuencias en la disponibilidad de estacionamientos y el libre tránsito vehicular. El aumento de la densidad afecta también la capacidad del servicio de alcantarillado.
Si hubiese seguridad jurídica, se protegería y preservaría la calidad de vida de los residentes de las comunidades y se evitaría el caos que hoy padecemos los citadinos, en vez de servir de argumento para dejar impunes a los que incumplieron de una u otra forma el marco jurídico. ¿Hasta cuándo la impunidad?