Abogados Penalistas Defensores
Los panameños observamos, sorprendidos, la bonanza económica y profesional que le llega a los abogados penalistas, quienes tramitan la defensa de aquellos exservidores públicos, empresarios y hasta civiles imputados en los casos de corrupción generados durante el gobierno de Ricardo Martinelli.
Nunca se había visto tal cantidad de abogados penalistas tramitando, de forma simultánea, la defensa de múltiples imputados a consecuencia de la corrupción que vivió el país. Al ritmo que se descubren los casos, parece que no habrá suficientes penalistas para atenderlos. Y no se trata solo de funcionarios. Ahora se inculpa a empresarios, chicos y grandes y a civiles, hombres y mujeres.
Aunque es verdad que existe la presunción de inocencia, algunos de estos casos son tan obvios, que los panameños no comprendemos cómo los imputados no son enviados directamente a la cárcel, en lugar de a sus residencias. Con esta actitud se le da el pésimo mensaje a la ciudadanía de que en Panamá el crimen sí paga. Por otra parte, los abogados, en vez de hacer una defensa legítima de sus representados, se valen de argucias para demorar los juicios hasta que prescriban. En el caso del Programa de Ayuda Nacional, el de más alto perfil hasta ahora, solo un acusado está preso. Al resto, que suma a la fecha más de 60, se le ha dado casa o país por cárcel, incluida la oportunidad de gozar de los lujos que adquirieron de forma mal habida.
Lo más asombroso de los abogados defensores es que no aceptan la responsabilidad de sus clientes y sostienen que los fiscales son los culpables, que el debido proceso ha sido violado, que las acusaciones responden a persecución política, que los términos han sido violados, que si las injusticias del sistema, la violación de la Constitución, de los derechos humanos, en fin, invocan toda clase de excusas o cualquier otro argumento, por más inverosímil o increíble que parezca.
El grupo más numeroso de abogados es el que asume la defensa de Martinelli –pese a que aún no ha sido imputado–. Ellos aducen que el expresidente es la persona más perseguida en la historia de Panamá, solo por una “venganza personal”. No admiten sus irregularidades, aunque lo señalen varios de sus ministros, altos funcionarios y allegados, también imputados. Su secretario privado y asistente personal está prófugo de la justicia, igual que el mismísimo exmandatario, quien espera volver, eso sí, “cuando el clima sea más propicio para regresar”. Es decir, cuando pase la sequía, llueva, haga frío o caiga nieve. Me impresiona que el único de estos defensores que ha conminado a su cliente a que hable ha sido el abogado de Rafael Guardia Jaén, Víctor Orobio, quien expresó que había conversado con su defendido y que este prometió devolverle al Estado los bienes mal habidos y que confesaría todo lo que sabía sobre estos delitos. ¿Por qué, si colabora con las autoridades, es el único que está en prisión, mientras los otros gozan casa por cárcel y disfrutan los lujos mal habidos?