Justicia Igual Para Todos
Panamá está convulsionada desde que se descubrió la corrupción demencial que había generado el gobierno de Ricardo Martinelli Berrocal. Aunque lo intuíamos no sabíamos las dimensiones gigantescas de estos delitos, según han declarado a las autoridades numerosos exservidores públicos imputados.
Hoy conocemos gran parte de este desenfreno, debido a las confesiones de los señores Rafael Guardia Jaén y de Giacomo Tamburrelli, quienes declararon con lujo de detalles la corruptela que convirtió en multimillonarios a muchos menesterosos amigos íntimos del exgobernante. Sorprendentemente, ambos personajes han sido los únicos que confesaron su participación en las irregularidades cometidas y, en el caso particular de Guardia Jaén, él aceptó devolverle al Estado los dineros y las propiedades mal habidas.
Es extraño que este personaje –Guardia Jaén–, al haber confesado, sea el único a quien los fiscales mantienen en la cárcel, mientras que a otros, que además han negado su participación en los atracos, a pesar de beneficiarse de estos, les hayan dado su casa o el país por cárcel. Guardia Jaén es al que más han zarandeado los fiscales, porque no había día en que no lo citaran a declarar, aunque tuvo menos tiempo que Tamburrelli en la posición de director del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
No se sabe aún a cuánto asciende la cuantía robada al Tesoro Nacional, pero según un grupo de jóvenes economistas universitarios que han estudiado estos atracos, se presume que el monto total sobrepasó los 18 mil millones de dólares, o sea el 15% del presupuesto nacional de los cinco años de gobierno de Martinelli. Esta suma no incluye los compromisos “llave en mano” que contrataron específicamente para estafar al pueblo panameño, aunque las obras no se construyeran ni fueran de primera calidad y que tendrá que pagar el gobierno actual.
A estos totales hay que agregar los cientos de millones de dólares estafados a las empresas internacionales y ciudadanos particulares en el tráfico de personas, licencias para marinos, abanderamientos de barcos, lavado de dinero y muchos otros delitos que suman otros cientos de millones de dólares.
La admisión de Guardia Jaén ha permitido que se conozca la madeja de corrupción que se ha encontrado y, sin embargo, las autoridades que investigan, según he apreciado, no le han dado al imputado el aliciente para que hable más, a pesar de haber colaborado con la justicia. Mientras otros se han acogido a la Constitución para no declarar, y a esos sí se les otorga el país o sus residencias por cárcel, con los lujos incluidos.
Los panameños consideramos que en vista de la cantidad de atracos a los dineros del Estado y, por ende, de todos los panameños, se debe duplicar el nombramiento de fiscales, valientes, dedicados y, sobre todo, alérgicos a la corrupción, para que en caso de encontrar culpables a los imputados, envíen a esos delincuentes a la cárcel lo más pronto posible. Y después hay que vigilar a los jueces que juzgarán esos casos, no sea que luego de detener a los implicados y comprobada su culpabilidad, ellos salgan libres por argucias y habilidades subterráneas de sus abogados.
Es la primera vez que observo casos en que a los imputados les ofrecen beneficios como el país o la casa por cárcel, a pesar de haber pruebas fehacientes de su culpabilidad. Tenemos que proteger a aquellos que desean declarar la verdad, ofreciéndoles alicientes para estimularlos a que declaren todo lo que saben sobre estos delitos.
Considero que si deseamos descubrir los cientos de latrocinios cometidos por las personas afines a Martinelli es imperativo que se otorguen ciertos privilegios de protección y algún otro beneficio a los que desean declarar.