La Justicia En Silla De Ruedas

El hambre de justicia es la dinamita de los pueblos. En Panamá no nos debemos dejar aturdir por el bombardeo noticioso de casos de corrupción pública y privada que estremecen a la opinión pública, pues tal circunstancia puede obnubilar el pensamiento y, en consecuencia, hacernos perder de vista cuáles han sido y son los males que enferman institucionalmente a la nación; así como cuáles serían las transformaciones políticas o administrativas que requiere el país para su mejoramiento, y evitar que de un “Estado débil” se convierta en un “Estado fallido”.

Como quiera que la corrupción debe ventilarse y resolverse en el campo legal, sin perder de vista el incalculable daño social que le provoca al país, la pregunta relacionada es: ¿qué quiere y necesita el pueblo? La respuesta es evidente: ¡Justicia y certeza del castigo! Aquí surge otra interrogante: ¿Cuál institución pública es la principal responsable de impartir justicia y asegurar la certeza de castigo? Indiscutiblemente, el Órgano Judicial.

Entonces, la lupa de la sociedad istmeña se debe enfocar en ese órgano del Estado, porque es un hecho público y notorio que este, durante más de 20 años, ha jugado un rol nefasto en el desarrollo de la democracia social y el estado de derecho, al ser un factor decisivo de la corrupción pública, tomando en cuenta que –a través de sus fallos judiciales– ha legitimado o convalidado una inmensa cantidad de abusos, ilegalidades e injusticias, por lo regular a favor de las personas o los sectores plutocráticos del país.

Lo expuesto tiene especial relevancia, si se toma en cuenta que dentro de poco tiempo el presidente de la República, Juan Carlos Varela, tendrá la trascendental misión de proponer ante la Asamblea Nacional, al profesional del derecho que pudiese reemplazar al exmagistrado Alejandro Moncada Luna. Elección esta que no se debe hacer bajo los mismos conceptos, prácticas o mecanismos reprochables e inaceptables utilizados por los gobiernos anteriores, en los que en lugar de un sistema de méritos para tal elección, predominaron intereses personales y politiqueros, en perjuicio del interés nacional.

Para el gremio de los abogados no es desconocido que en la cabeza del Órgano Judicial, o sea la Corte Suprema de Justicia, tal como sucede por lo regular en todos los organismos colegiados, existe una correlación de fuerzas que se debaten dialécticamente. Por un lado, hay magistrados interesados en el mejoramiento de la administración de Justicia y, por lo tanto, dispuestos a realizar cambios radicales necesarios e indispensables; mientras que a otros magistrados les interesa mantener el statu quo, es decir, seguir funcionado bajo los mismos conceptos y estructuras obsoletas y retrógradas que no le permiten a los panameños el acceso a la justicia recta, objetiva, imparcial, rápida y humanitaria, por razones meramente despreciables e inconfesables.

Tal circunstancia debe ser sopesada por el Presidente de la República, de manera que para el reemplazo de Moncada Luna proponga a profesionales del derecho, cuyas trayectorias o ejecutorias sean bien conocidas, ya sea como patriotas valerosos, extraordinarios jurisconsultos, abogados litigantes, autores de obras jurídicas, exfuncionarios y servidores públicos destacados o valientes dirigentes del gremio, y no como meros “caballos trapicheros” que vendrían a generar más atropellos e injusticias. Nuestro sistema judicial está enfermo, en silla de ruedas, y urge renovarlo para que camine y aplaste la impunidad y la corrupción.

De ello depende, a mi juicio, que en el Órgano Judicial se consolide el sector de los magistrados realmente interesados en el mejoramiento de la administración de Justicia o, por el contrario, el sector que prefiere mantener una justicia legal que bien pudiese enmarcarse en el pensamiento del poeta chileno Vicente Huidobro, cuando dijo: “Nuestra justicia es un absceso putrefacto que empesta el aire y hace la atmósfera irrespirable, dura e inflexible para los de abajo, blanda y sonriente con los de arriba. Nuestra justicia está podrida y hay que barrerla en masa. Judas sentado en el tribunal después de la crucifixión, acariciando en su bolsillo las 30 monedas de su infamia, mientras interroga a un ladrón de gallinas. Una justicia tuerta. El ojo que mira a los grandes de la tierra, sellados, lacrado por un peso fuerte y solo abierto el otro que se dirige a los pequeños, a los débiles” (Matus, Alejandra, El libro negro de la justicia chilena, 1999. Página 187).